En cada proceso electoral el debate público en el Perú se llena de promesas urgentes: más seguridad, más empleo, más obras. Sin embargo, hay una dimensión que sigue ausente o fragmentada en las propuestas presidenciales: una agenda urbana nacional coherente. Hoy, más del 80% de los peruanos vive en ciudades, y es ahí donde se juegan, o se pierden, las principales oportunidades de desarrollo.
Hablar de vivienda, por ejemplo, no puede reducirse a bonos o programas aislados. El país necesita una política integral que articule suelo, servicios e infraestructura, utilizando instrumentos ya disponibles en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La captura de valor del suelo, a través de mecanismos como aportes por edificabilidad o reajustes urbanos, no solo permite financiar ciudad, sino también corregir desigualdades históricas en el acceso a oportunidades. Ignorar esto es seguir expandiendo ciudades precarias y segregadas.
En paralelo, el Perú enfrenta una amenaza climática inmediata. El fenómeno El Niño, que se intensificará este año, volverá a evidenciar nuestra falta de preparación. No se trata solo de reaccionar ante emergencias, sino de invertir en resiliencia urbana: drenaje pluvial, protección de riberas, gestión de cuencas y control efectivo del crecimiento en zonas de riesgo. En cada quebrada o ladera no solo tenemos un problema de vivienda, sino una bomba de tiempo frente a desastres anunciados.
La seguridad, uno de los temas más sensibles en campaña, tampoco puede abordarse únicamente desde el control policial. La evidencia es clara: ciudades mejor diseñadas, con espacio público activo, iluminación adecuada y usos mixtos, reducen la criminalidad. La prevención del delito empieza en el territorio. Apostar solo por mano dura es equivocado y niega décadas de aprendizaje urbano.
Del mismo modo, la empleabilidad depende cada vez más de la capacidad de las ciudades para generar ecosistemas productivos. Transporte eficiente, proximidad entre vivienda y trabajo, y acceso a redes y servicios son condiciones básicas para la productividad. Una ciudad congestionada, fragmentada e insegura afecta la calidad de vida y limita el crecimiento económico.
Nada de esto será posible sin una mejor articulación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, hoy debilitados por baja capacidad técnica, alta rotación y escasos recursos propios. Fortalecer la gestión urbana es clave para reducir la dependencia de transferencias del MEF.
Las próximas elecciones no deberían centrarse únicamente en respuestas inmediatas o medidas aisladas. El verdadero desafío es construir una agenda urbana nacional que reconozca que el futuro del país se juega en sus ciudades. Sin eso, seguiremos parchando problemas en lugar de resolverlos.