Resulta irónico que, después de todo lo vivido en el último lustro, repitamos la historia de la segunda vuelta de 2021: el fujimorismo enfrentando a un candidato que promete cambiarlo todo. No obstante, a diferencia de Pedro Castillo, Roberto Sánchez presenta una amenaza bastante más seria. Ello por dos razones.
La primera es que se trata de un actor político que, sin ser brillante, es más astuto y experimentado que Castillo. Sánchez ha sido ministro, es congresista y presidente de un partido de alcance nacional. Castillo, en cambio, exhibía una torpeza política que lo llevó al punto de ponerse la soga al cuello en televisión nacional frente a todo el país.
El segundo elemento tiene que ver con el Legislativo. Dada la correlación de fuerzas en el Senado, de llegar Sánchez al poder, la posibilidad de una vacancia es remota. Ello porque las bancadas de izquierda —Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras— suman la fuerza necesaria para bloquear los 40 votos requeridos para remover al presidente.
Señalo esto no porque una vacancia sea deseable (ya hemos tenido suficientes en la última década), sino por el poder disuasivo que podría tener su sola amenaza ante un gobierno radical. A diferencia de 2021, al no existir esa posibilidad, el contrapeso efectivo del Legislativo se reduce drásticamente.
Así, en pocos días tendremos una elección que pondrá verdaderamente en juego al modelo económico que, con matices, se ha sostenido en el Perú por más de tres décadas. Ante esta situación, conviene recordar todo lo que nuestro país ha avanzado desde que se optara por una economía de mercado y una política monetaria independiente a inicios de los noventa.
A menudo se señala que los defensores del modelo se centran en indicadores macroeconómicos lejanos o irrelevantes para la población. Lo cierto, sin embargo, es que los grandes agregados como el producto, la inflación o el déficit tienen un correlato muy directo con la calidad de vida de los peruanos.
Si se toma solamente la pobreza, quizás el indicador más evidente para medir calidad de vida, veremos que, mientras que a inicios de los noventa esta se encontraba cercana al 60%, hoy se sitúa en 25%. Y cabe destacar que hacia 2019 se había reducido incluso a 20%.
Si observamos el PBI real per cápita, que mide el ingreso promedio por persona, veremos que, mientras en 1990 se encontraba en alrededor de US$1,200, hoy está en US$8,500. Es decir, el peruano promedio ha multiplicado sus ingresos por más de siete.
Algunos dirán que, aunque los ingresos promedio se han incrementado, esto ha favorecido solo a los más ricos. No obstante, los datos afirman lo contrario. Para comprobarlo podemos tomar el índice de Gini, muy usado entre los economistas, cuyo valor es más alto a medida que un país es más desigual. Pues bien, mientras que a mediados de los noventa este tenía un valor de 55, hoy está en 40. Es decir, hoy vivimos en un Perú menos desigual que el de hace tres décadas.
También escucharemos a quienes digan que, aunque los ingresos han aumentado, y la pobreza monetaria ha disminuido, la calidad de vida no puede solo medirse en términos monetarios. Pues bien, a ellos habrá que responderles que prácticamente todos los indicadores de acceso a servicios básicos han mejorado.
Mientras que hace 30 años la tasa de matrícula a la educación secundaria era ligeramente mayor al 50%, hoy se sitúa cerca al 90%. En el ámbito del saneamiento, entre 1990 y hoy, el acceso a soluciones mejoradas (desagüe, alcantarillado, etcétera) subió de 53% a cerca del 80%. En lo que se refiere a mortalidad infantil, mientras que a inicios de los noventa se producían 55 muertes por cada 1,000 nacidos, hoy el indicador está en 11 por cada 1,000 nacidos. Y podríamos seguir con un largo etcétera.
Esto en modo alguno quiere decir que no haya muchas cosas por cambiar y un largo camino que recorrer. Tenemos un servicio civil que viene deteriorándose, un sistema de justicia impredecible y engorroso, altos niveles de informalidad, y un problema estructural de corrupción. Las prioridades del próximo gobierno sin duda deben estar ahí. Pero en modo alguno estos desafíos se resolverán destruyendo las bases de un sistema económico que, incluso con sus debilidades, ha logrado muchísimo para el Perú. Recordémoslo este 7 de junio.