En momentos que escribo estas líneas, he recordado estas frases evangélicas que aprendí en el colegio hace una punta de años. Y es que he visto de todo: lamentos, amenazas, pataletas, imprecaciones y cosas por el estilo. No solo eso, acciones legales que muchas veces encierran o ponen de manifiesto el ridículo de un alcalde de repuesto que interpone una demanda de amparo, nadie sabe en representación de quién y con qué objetivos, y de la que no resultará nada. Incluso la Contraloría, como para no perder protagonismo, ha lanzado un informe contra determinados funcionarios en la ONPE, pero a dos de ellos solo les imputa responsabilidad administrativa, o sea, nada.
En puridad, no puede negarse que en este proceso ha habido muchas irregularidades: si hubo fraude o no corresponde decidirlo al Ministerio Público y en su momento a la judicatura. Y eso va a tomar tiempo. Pero lo cierto del caso es que el cronograma electoral no ha sido alterado y, hasta donde veo, el error está en parte o en todo en la ONPE y no necesariamente en el Jurado Nacional de Elecciones que, entiendo, ha estado a la altura del cargo. Y se nos viene la votación definitiva el próximo 7 de junio, en donde hay que estar muy atentos. Y con mayor razón, cuando es el día de la Bandera (que oficialmente se celebrará un día antes).
Pero lo que está claro es que nuestro llamado sistema electoral tiene que ser sometido a un severo análisis por el próximo Congreso. Lo primero es acabar con esa tripartición que critiqué desde el momento en que se aprobó, y que el Jurado sea lo que era conjuntamente con la ONPE, y que sean y actúen como una sola entidad. El Reniec puede andar por su lado, pues no hace daño a nadie.
Lo segundo es revisar el mamarracho electoral que se aprobó en el gobierno de Vizcarra y pensar seriamente si vale la pena mantener la segunda vuelta solo para el presidente y, sobre todo, la llamada cifra repartidora, que más parece pertubadora. De hecho, no se aplica en otros ámbitos como el municipal. Y merece en su momento un análisis exhaustivo, pues cuando se aprobó en la Constituyente de 1978-79, se hizo con argumentos baladíes y además mutilando el modelo francés.