No puede quedar impune la muerte de cinco ciudadanos, cuatro peruanos y un colombiano, en Colcabamba, Huancavelica; ellos fueron salvajemente ejecutados por una ráfaga de balas disparadas por una patrulla militar, que supuestamente estaba reduciendo a narcoterroristas, cuando en realidad se trataba de un grupo de jugadores de fútbol de Copa Perú, que viajaban en una camioneta.
La agravante han sido las supuestas justificaciones y las sendas comunicaciones “oficiales” sobre estos hechos, que se han sumado a la propia versión de la Policía, que pretendía tapar este acto deleznable, que ni siquiera cabe en la posibilidad de un error de información. Pretendieron justificar la acción, inclusive coaccionando a uno de los sobrevivientes, que después se ha retractado. La contradicción de la versión de los hechos se ha evidenciado con la afirmación del otro sobreviviente, que está convaleciendo de sus heridas graves, pero que ya dio una entrevista a un dominical donde, con lujo de detalles, cuenta todo lo sucedido y que justamente coincide con la versión retractada del otro sobreviviente.
El sobreviviente detalla que en los diálogos que tenían los militares, se referían en términos de la jerarquía militar, aduciendo que se habían equivocado y encima pretendía “sembrarlos” con pruebas fabricadas para justificar estos crímenes.
Todo lo narrado por el sobreviviente compromete seriamente a los militares que participaron en esta operación, pero obliga a profundizar la investigación de este hecho luctuoso, porque debió existir una orden militar para la intervención, además de un plan de operaciones y la descripción de la cadena de mando que ordenó este infausto ataque, para así determinar responsabilidades.
Son humildes jóvenes campesinos, peruanos como todos nosotros, los que han sido víctimas y a los que han revictimizado, negando los hechos e incriminándoles delitos, para justificar la negligencia de la operación militar; en consecuencia, el Estado peruano tiene la obligación de atender a las familias de las víctimas, para buscar resarcir semejante daño que ha ocasionado esta patrulla militar.
No pueden quedar impunes estos crímenes y se tiene que dar cuenta también de la arremetida de este Congreso que pretende “blanquear” casos emblemáticos de flagrantes violaciones a los DD.HH. que incriminan a policías y militares.