El fútbol nunca ha estado desvinculado de la política. Las victorias deportivas pueden cambiar el ánimo de un país, y hasta elevar la aceptación de las autoridades de turno. Por ello, no es de extrañar que los mundiales hayan sido históricamente un espacio de gran interés para el poder político. Desde la utilización propagandística de las Copas del Mundo por parte de regímenes autoritarios, hasta las controversias sobre decisiones arbitrales y organizativas, la política siempre ha encontrado la forma de colarse en el deporte más popular del planeta.
El Mundial que nos está haciendo vibrar estos días acaba de ofrecer un nuevo ejemplo de esta realidad. Esta semana, Donald Trump reconoció haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido contra Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final. Días después, el comité disciplinario de la FIFA dejó sin efecto la suspensión que hubiera impedido al delantero disputar el partido de octavos de final contra Bélgica.
Aunque la FIFA asegura que sus órganos disciplinarios actuaron de manera independiente y conforme al reglamento, hay razones de sobra para dudar de esa versión. Sabido es que la poderosa organización que gobierna el fútbol mundial arrastra un largo historial de escándalos de corrupción, opacidad y cuestionamientos a su independencia.
En Estados Unidos las reacciones no se hicieron esperar. Mientras dirigentes demócratas acusaron a Trump de usar sus poderes presidenciales para buscar una “victoria en mesa”, los aliados del presidente celebraron con gran entusiasmo lo que calificaron como un logro patriótico. “En nombre de todos los americanos, gracias por deshacerse de esa ridícula tarjeta roja”, dijo el senador Ted Cruz, prominente líder republicano, este lunes en la Casa Blanca.
Paradójicamente, toda la controversia tuvo poco efecto práctico. Balogun efectivamente disputó el encuentro, pero solo para ver cómo Bélgica goleaba a Estados Unidos 4 a 1. Ingeniosamente, la selección belga publicó en sus redes el mensaje “Overturn this” (“Revierte esto”), claramente dirigido al presidente Trump.
Lo ocurrido esta semana remite a una larga historia de interferencias políticas en los mundiales. Italia 1934 continúa siendo el ejemplo más emblemático: el régimen fascista de Benito Mussolini convirtió el campeonato en una poderosa herramienta propagandística, con una serie de cuestionables decisiones arbitrales que contribuyeron al primer triunfo de Italia en la Copa del Mundo. También está el caso de Francia 1938, en el que, en un esfuerzo de propaganda nacionalista, Alemania logró que Austria fuera impedida de jugar con un equipo propio tras haberse anexado su territorio. Décadas más tarde, Argentina 1978 fue utilizada por la dictadura militar para proyectar una imagen de normalidad hacia el exterior mientras el país vivía una brutal represión interna. Ese Mundial también quedó marcado por la cuestionada goleada 6 a 0 de Argentina al Perú, justo cuando esta necesitaba una victoria con mínimo 4 goles de diferencia para pasar a la siguiente fase.
A ello se suman los múltiples escándalos que han afectado a la FIFA en las últimas décadas: investigaciones por corrupción, presuntos sobornos en la elección de sedes —como en el caso de Rusia 2018— y decisiones que han alimentado la percepción de que la política y los intereses económicos suelen pesar demasiado en el gobierno del fútbol global.
Por esos antecedentes, la actuación de Trump resulta especialmente delicada y constituye el ejemplo más explícito del pasado reciente de un jefe de Estado interviniendo personalmente ante la máxima autoridad del fútbol para beneficiar a su selección durante un Mundial.
La grandeza de una Copa del Mundo reside en la idea de que todos compiten bajo las mismas reglas y en igualdad de condiciones. Cuando el poder político intenta influir, esa confianza se erosiona y el valor de cada triunfo se relativiza. Los partidos debieran ganarse en la cancha, con talento y mérito deportivo, no con llamadas telefónicas ni presiones políticas.