Como se ha sostenido en varias ocasiones en esta columna, la efectividad de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción —dos males fundamentales que aquejan a nuestra sociedad hoy en día— pasa necesariamente por la Reforma del Sistema de Administración de Justicia.
A pesar de ello, al revisar los planes de gobierno de los candidatos e incluso los debates presidenciales, casi la mitad (46%) de los 35 planes publicados no incluye propuestas concretas para abordar esta problemática. Si consideramos también aquellos con vagas referencias, solo dos tercios de los planes la mencionan. Persiste, entonces, el populismo y la improvisación que, durante décadas, nos siguen pasando factura.
Esta reforma exige procesos sustanciales de modernización y reformas estructurales no solo en el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino también en la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensa Pública y el Instituto Nacional Penitenciario. Y debe ejecutarse con una visión integral de servicio de justicia que resuelva los conflictos intersubjetivos de la sociedad, garantizando atributos como predictibilidad, celeridad, imparcialidad, acceso y eficiencia. Pero, además de estos atributos, se requieren complejos procesos de trabajo interinstitucionales —donde la interoperabilidad es crucial— en la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de los daños ocasionados a la sociedad.
Si revisamos esos dos tercios de planes que abordan de alguna manera la problemática de la administración de justicia, hallamos que en el 44% de los casos las medidas son bastante generales, como reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial, fortalecer los órganos jurisdiccionales, modernizar el sistema de persecución penal o mejorar el sistema de justicia en general. En cambio, un 11% se enfoca en garantizar el acceso equitativo a los servicios judiciales; 6%, en la celeridad y la descarga procesal; 7%, en la formación, capacitación y meritocracia de jueces y fiscales; 11%, en la articulación interinstitucional de la cadena de valor de la justicia; y 14%, en el uso intensivo de tecnologías de información e inteligencia artificial mediante la interoperabilidad de datos. Además, se incluyen medidas puntuales como la cadena perpetua para delitos graves de corrupción o la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia Transicional.
De hecho, si comparamos esta problemática con otras áreas, como seguridad, salud, educación, reactivación económica, entre otras, se nota un nivel de desarrollo mucho menor de esta para la efectividad en la solución de los dos principales problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad. Pareciera que, al momento de estructurar la mayoría de los planes de gobierno, nos hemos olvidado que existe una Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (aprobada en julio de 2021) que de manera integral plantea un conjunto de medidas para transformar la administración del servicio de justicia de cara al ciudadano.
Por otro lado, la implementación de políticas públicas para transformar el sistema de administración de justicia requiere reconocer que, a diferencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario —que dependen directamente del Poder Ejecutivo—, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben liderar su propia modernización interna. Los poderes Ejecutivo y Legislativo solo pueden inducirlos mediante marcos normativos adecuados, así como recursos técnicos y presupuestales necesarios, incorporando un componente de estricta rendición de cuentas con resultados que reflejen avances reales, en un marco de absoluta transparencia y respeto a su autonomía e independencia.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia, creado por la Ley N.° 30942 y presidido por el presidente de la República con la convocatoria de los titulares de los poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos, permanece inactivo y hasta ahora solo ha servido para la foto. Para el próximo gobierno, podría convertirse en la instancia clave para implementar una política pública de reforma judicial y transformar la administración de justicia, respondiendo a la urgente demanda de la población.