Era 2017 cuando Marisa Glave e Indira Huilca, entonces congresistas de Nuevo Perú, utilizaron el hashtag “Perú, país de violadores”. La frase generó rechazo inmediato e incluso motivó una investigación en la Comisión de Ética del Congreso. Desde entonces, más que desmentirse, pareciera que ciertos hechos la reformulan con inquietante precisión: un país donde las denuncias por violencia sexual alcanzan también a quienes ejercen poder.
Conviene aclararlo: este tipo de expresiones no debe leerse de forma literal. No se afirma que todos los hombres —ni todos los peruanos— sean violadores, sino que existe una cultura de la violación, entendida como un entorno social donde estas agresiones se toleran, minimizan o relativizan, especialmente cuando involucran a personas con poder.
En ese marco, una nueva denuncia vuelve a poner el tema sobre la mesa. El miércoles 18 de marzo, el programa Beto a Saber difundió el testimonio de Jennifer Canani, quien acusa al actual ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, de haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47. Según su relato, los hechos ocurrieron en el año 2000 en Pucallpa, cuando ella cursaba el quinto de secundaria y él era gerente de Electro Ucayali. Canani señala que producto de esta relación quedó embarazada.
Su testimonio incluye además elementos graves: afirma haber perdido el conocimiento tras ingerir una bebida y despertar desnuda en la vivienda de Alfaro; sostiene también que intentó denunciar el hecho en una comisaría sin éxito y que, posteriormente, él habría convencido a su familia para que se fuera a vivir con él.
Alfaro ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de un intento de la denunciante de conseguir dinero. Sin embargo, ha reconocido públicamente que convivió durante cinco años con Canani para criar al hijo que ambos tienen en común.
Además de la responsabilidad penal —que corresponde determinar a las autoridades competentes—, es preocupante la reacción política. Luis Arroyo, el nuevo primer ministro de Perú —cargo que en los últimos años parece creado para respaldar a denunciados— prefiere defender a Alfaro indicando que este tiene pruebas de cómo ocurrieron los hechos. Por otro lado, Eduardo Salhuana, congresista por Alianza Para el Progreso, ha decidido minimizar la denuncia debido a que ha sido recogida por Beto Ortiz.
Ese comportamiento contribuye a reproducir una cultura donde las víctimas enfrentan desconfianza sistemática, mientras que los acusados —sobre todo si ocupan cargos relevantes— cuentan con redes de protección política.
No es un hecho aislado. Ya se ha visto a autoridades minimizar denuncias de violación, como ocurrió con el exministro de Educación Morgan Quero, quien en un primer momento aludió a factores culturales al referirse al caso de los cientos de niños de la Amazonía, postura de la que luego se retractó. También se ha normalizado que personas con denuncias graves alcancen los más altos cargos del Estado, como ocurrió con José Jeri. Nada de esto generó un rechazo proporcional: por el contrario, fue rápidamente absorbido por la conversación pública, incluso desde el entretenimiento.
No sorprende tampoco que una denuncia de violación no incomode al gabinete si en la presidencia está José María Balcázar, quien ha defendido el matrimonio infantil y las relaciones sexuales a temprana edad.
Es importante preguntarse por qué en el Perú las denuncias de violencia sexual no generan consensos mínimos de rechazo, sino cálculos políticos. Si la indignación depende del cargo del denunciado o del medio que difunde la acusación, entonces el problema es estructural.
La cultura de la violación está instalada en el poder. Otro mal al que las autoridades probablemente solo atenderán según sus beneficios. ¡Triste! Estamos en un país donde las denuncias de violación no inmutan al poder.