El Perú necesita recuperar la institucionalidad del sector energético. Durante años, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) fue reconocido como una de las entidades con mayor capacidad técnica del Estado. Gracias a ello, fue posible desarrollar políticas estables que atrajeron inversiones millonarias y permitieron aprovechar nuestros recursos naturales. Hoy, el Minem, es un mercado persa.
Años de desidia, decisiones políticas y pérdida de cuadros profesionales han debilitado seriamente la capacidad del Minem para liderar el sector. Sin un ente rector sólido y técnicamente competente, resulta imposible ofrecer la predictibilidad que demanda la inversión privada.
La reorganización debe alcanzar también a Osinergmin. Es indispensable revisar su actual adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros y evaluar su retorno al ámbito del Minem. Un organismo que administra un presupuesto millonario y cuyas decisiones tienen enorme impacto en el sector no puede funcionar con mecanismos insuficientes de control político y rendición de cuentas. Además, en demasiadas ocasiones ha pasado de ser un regulador técnico a un obstáculo para la inversión.
Perupetro tampoco escapa a esta crisis. La entidad ha perdido capacidad para promover la exploración y explotación de hidrocarburos. En lugar de liderar propuestas orientadas a hacer más competitivo al Perú, parece haberse resignado a administrar el declive de nuestra producción hidrocarburífera. Sin nuevas inversiones, la producción seguirá cayendo y la dependencia energética aumentará.
La situación de Petroperú también exige decisiones firmes. El Estado no puede seguir destinando miles de millones de soles a sostener una empresa que genera pérdidas, cuando esos recursos deberían orientarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.
Finalmente, el COES debe recuperar el rigor institucional que lo caracterizó. Resulta difícil justificar que continúe operando bajo esquemas de trabajo remoto propios de la pandemia y que mantenga la virtualidad para sesiones de Directorio en las que se resuelven recursos impugnativos de sus asociados. Llama la atención que, en sesiones en las que se adoptan decisiones trascendentes para el mercado eléctrico, no se guarde la formalidad que la institución requiere.
El sector energético requiere una reforma institucional profunda. Recuperar la meritocracia, el profesionalismo y el respeto por los criterios técnicos es indispensable para atraer inversiones, garantizar la seguridad energética y devolver al Perú el liderazgo que alguna vez tuvo en la región.