No me posiciono a favor de la salida de la Corte IDH por un tema tan estrictamente de “soberanía” y de alegar “intromisión foránea”, como lo ha enfocado el Gobierno, pues existen situaciones en que sí se amerita esa cesión y que han sido práctica común (por aferrarse a ese libreto es que el otro día Carvallo revolcó en RPP a la ministra Desilú León). Un Estado puede perfectamente declinar —con toda libertad y arbitrio— parte de su soberanía en ámbitos como el jurídico-comercial (CIADI), integración (UE, CAN o Mercosur. En la Alianza del Pacífico no porque esta no tiene aspiración supranacional como las anteriores), militar (OTAN, el moribundo tras Las Malvinas TIAR., etcétera), jurídico-penal (Corte de La Haya) o jurídico-DD.HH. (la misma Corte IDH) si es que esa cesión de potestad soberana le resulta —y allí viene la palabra clave— beneficiosa. Para el Perú, pertenecer a la Corte IDH NO ha sido beneficioso como, por ejemplo, sí al CIADI. Con el CIADI hemos logrado atraer inversiones al garantizar plenamente un debido proceso y resolver, a menudo a favor del Perú, muchos contenciosos empresariales y comerciales que hubieran tomado siglos, coimas, arbitrariedades, etcétera, en nuestro tan deficiente PJ, que además entiende técnicamente muy poco sobre temas complejos. En cambio, pertenecer a la Corte IDH NO nos ha sido para nada beneficioso, pues nos ha impuesto un yugo político-legal caviar por décadas, dado que la Corte IDH —como la misma Comisión IDH— obedece a ese circuito izquierdista mundial basado en el “lawfare”, que empieza con la denuncia de la ONG “progre” de turno y que termina victoriosa en una Corte IDH tan sesgada siempre hacia la izquierda, donde la ONG sabe que va a ganar. Debemos salirnos de la Corte IDH simplemente porque esta es una eficiente arma de poder de la izquierda que nos ha sido nociva, un corsé zurdo que nos asfixia y que pasa por encima de nuestras leyes y congresos. En cristiano: la Corte IDH es un instrumento para que nos mande el IDL.