El próximo gobierno no será recordado tanto por la cantidad de obras que inaugure ni por cuánto aumente el presupuesto. Si se le recuerda, será por algo mucho más importante: si logró devolverle al Perú la esperanza de un futuro mejor. Una mejor calidad de vida sostenida que se traduce en más empleo, mayores ingresos, menor pobreza y mejores oportunidades para todos los peruanos.
Ese es, precisamente, el principal desafío del nuevo ciclo político que comienza. En pocas semanas asumirá un nuevo gobierno y, en octubre, elegiremos, además, a cerca de 13,000 autoridades regionales y municipales. En conjunto, tendrán la responsabilidad de utilizar eficazmente S/280,000 millones del presupuesto público. ¿Cómo debe orientarse ese gasto público? Si lo resumimos en una frase, es hacia mejorar la competitividad en todo el Perú.
Con demasiada frecuencia la competitividad se presenta como un concepto reservado para las empresas e instituciones. Es un error. Una región competitiva es aquella donde resulta más fácil invertir y generar empleo, pero también donde las familias cuentan con agua segura, los niños reciben una educación de calidad, los establecimientos de salud funcionan adecuadamente y las instituciones brindan seguridad y confianza.
Los resultados del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026 del Instituto Peruano de Economía (incoreperu.pe) confirman que las regiones más competitivas registran también mayores ingresos y menores niveles de pobreza. Más aún, aquellas que lograron los mayores avances en competitividad durante el último año tendieron a reducir la pobreza con mayor rapidez. No es una coincidencia. La inversión privada, principal motor del crecimiento económico, encuentra mejores condiciones para desplegarse allí donde existe mejor capital humano, infraestructura que funcione adecuadamente e instituciones que funcionan. Es decir, donde hay mayor competitividad.
La buena noticia es que el progreso es posible. Desde 2015, todas las regiones han mejorado su puntaje de competitividad y algunas de las históricamente más rezagadas, como Apurímac y Pasco, han registrado avances importantes, especialmente en su entorno económico y en salud. En estos diez años, Apurímac pasó del puesto 19 al 12. Esto no solo se debió al crecimiento en la producción minera con la operación de Las Bambas, sino también por mejoras importantes en indicadores como el aumento de 150% en la vacunación completa en niños menores de 3 años y la casi duplicación del número de médicos por habitante. En tanto, Pasco mejoró del puesto 22 al 14 por mejora en los mismos indicadores mencionados y en otros, por ejemplo, en la disminución del embarazo de adolescentes de 16% a 6%.
Un excelente ejemplo de lo que queda por hacer es el acceso al agua. Durante muchos años el país concentró sus esfuerzos en ampliar la cobertura de las redes de agua potable, y hoy más del 90% de los hogares tiene acceso a este servicio. Sin embargo, el Incore 2026 muestra que el verdadero desafío está en garantizar que el agua llegue segura y de manera continua. Apenas cuatro de cada diez peruanos reciben agua con niveles adecuados de cloro residual. Y en regiones como Lambayeque y Piura, ni siquiera el 10% de su población accede a agua limpia. A ello se suman las diferencias en la continuidad del servicio, que obligan a millones de peruanos a almacenar agua, con los riesgos sanitarios que ello implica. La competitividad no depende solo de construir infraestructura; depende de que esa infraestructura funcione brindando servicios de calidad.
La misma lógica se debe aplicar a la política de salud, por ejemplo. La anemia afecta al 35% de los niños menores de tres años y, en regiones como Puno, supera el 56%. ¿Qué debemos hacer al respecto? La más importante lección la puede obtener el lector del gráfico que acompaña a esta nota. Ahí se demuestra que no existe ninguna relación entre lo que gastan las regiones en prevenir la anemia infantil y los resultados obtenidos. Lo mismo puede decirse de cientos de programas del sector público.
La diferencia se encuentra en la gestión de los programas respectivos. No en el dinero gastado. Eso debería estar claro cuando constatamos que el presupuesto público de 1996 era ¡un quinto del de 2026! Claramente ha habido importantes avances en los servicios del Estado desde 1996, pero ¿hay alguien que opine que recibe cinco veces más servicios del Estado de los que recibía hace treinta años? El Estado peruano ha crecido de manera muy ineficiente y la actitud de las autoridades ha sido por años la de que todos los problemas se resuelven con mayor presupuesto. Esto claramente no es cierto.
Que el problema es generalizado se observa cuando, en dieciséis de las veinticinco regiones, menos del 20% de la población considera que su Gobierno regional realiza una buena gestión. Una buena gestión puede resolver problemas ahorrándonos muchos millones de soles, que podrían ser utilizados en resolver otras necesidades.
Frente a este diagnóstico, la prioridad de las próximas autoridades debería ser evidente. Más que multiplicar programas o anunciar nuevas obras (que no se terminan), el país necesita concentrar sus esfuerzos en cerrar las brechas que limitan la competitividad. Se debe asegurar la provisión de agua segura y continua para las familias, fortalecer la atención primaria de salud y reducir la anemia infantil, garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos, elevar la calidad de la educación pública, recuperar la seguridad ciudadana y crear un entorno que incentive la inversión privada y el empleo.
Esto exige una nueva forma de gobernar. El Gobierno nacional y las nuevas autoridades regionales y municipales deben focalizarse en la competitividad, pero con metas claras y conocidas, indicadores verificables y mecanismos permanentes de seguimiento y rendición de cuentas. Durante demasiado tiempo el aparato público se ha evaluado por cuánto presupuesto ejecuta, pero esto no tiene sentido. Ha llegado el momento de medirlo por los resultados que genera para los ciudadanos.
El Perú tiene este año una oportunidad que no debería desaprovechar. La competitividad es la condición necesaria para que la inversión genere empleo, para que las regiones crezcan con mayor dinamismo y para que el lugar donde nace un peruano deje de ser el principal determinante de las oportunidades que tendrá a lo largo de su vida. Esa debería ser la verdadera prioridad del próximo gobierno y de los miles de autoridades que asumirán funciones en los próximos meses.