La captura de ocho sujetos sindicados de haber torturado y asesinado a 13 trabajadores en Pataz es una buena noticia y seguramente infundirá algo de tranquilidad en la ciudadanía.
Todos los detenidos son al parecer miembros de la organización criminal Los Sicarios de Cuchillo, a quienes se les atribuye la matanza.
El operativo, a cargo de un Comando Unificado —integrado por agentes de la Policía Nacional y del Ejército— se realizó en el campamento minero de Galindo. En la acción se logró además, decomisar gran cantidad de armas y explosivos que los facinerosos tenían en su poder.
Corresponde felicitar a las autoridades, ciertamente, pues nos referimos a uno de los crímenes más horrendos que se han cometido en los últimos meses dentro del contexto de la lucha que bandas de avezados delincuentes —vinculados a actividades de minería ilegal— han emprendido contra todo lo que signifique minería formal en la zona.
Sin temor a ser tremendistas se puede afirmar que, en esa afligida localidad del territorio liberteño, trabajar honradamente se ha convertido en un peligro para la vida humana. Así de lejos han llegado las cosas en Pataz.
El Gobierno, por otro lado, instaló el jueves último una segunda mesa de diálogo en esa ciudad, donde participaron los ministros de Energía y Minas, Interior, Defensa, y Desarrollo e Inclusión Social. Se reunieron con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, pero sorprendentemente permitieron que un contingente de mineros informales y ronderos impidieran la participación de representantes de la minera Poderosa, que también se habían hecho presentes.
Algo absurdo y hasta alarmante, considerando la magnitud de la operación que esta empresa desarrolla en la zona y que, como se sabe, es blanco recurrente de las feroces bandas de malhechores —todas vinculadas a delitos asociados a las actividades extractivas ilegales— que mantienen en zozobra a distintos poblados de la región.
El Gobierno continúa, pues, zigzagueando ante las urgencias del tema. Amén de estas pintorescas ‘visitas a provincias’ —como decían los abuelos— lo más grave es que sobre un sector productivo como es la minería formal, que paga impuestos, genera divisas y ofrece empleo de calidad, además de la violencia criminal, pende todavía, como una espada de Damocles, la posibilidad de un Reinfo interminable. En buena cuenta, la legitimación de lo ilegal.
La pregunta obligatoria es entonces: ¿de qué lado de la ley está el Gobierno?
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