Una amiga fue miembro de mesa en La Molina. Al momento de ingresar los resultados, el sistema simplemente no le permitía registrar tres dígitos. En su mesa, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, había obtenido 187 votos, pero la plataforma solo aceptaba dos cifras.
Hizo la consulta y un funcionario de la ONPE le indicó que consigne 18. Es decir, 169 votos menos para Renovación Popular. ¿Para algunas mesas el sistema fue diseñado para alterar las cifras? Su conciencia y sus valores no la dejaron conforme, así es que dejó constancia del hecho en el apartado de observaciones. Fueron 187 y no 18. Cuando quiso anotar el motivo, el encargado de la ONPE le dijo que no lo hiciera, que no era necesario. El acta, por lo tanto, quedó observada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Sin su anotación, el resultado se contabilizó en el sistema de forma alterada.
Se trata de un episodio que no es aislado. Otra amiga en Chorrillos, experta comerciante de computadoras, tuvo problemas con la impresora. Parecían haber sido puestas para que no funcionen, me dijo tajante.
El sistema nos costó a los peruanos alrededor de cuarenta millones de soles y resultó inoperativo. Ineficiencia y corrupción, pero, además, ¿acto deliberado? Se suma a esas irregularidades la falta de material electoral, votación de dos días y lo inaudito: se realizaba un conteo mientras los peruanos seguían votando. Algo inédito en nuestra historia.
Lo peor vino con los votos en un basurero de Surquillo, actas extraviadas en San Borja y en San Juan de Lurigancho. Contradicciones en la custodia y desmentidos entre la ONPE y el JNE. Si entre los dos organismos electorales se desmienten, ¿qué confianza podemos tener los ciudadanos?
No son errores por complejidad, estamos en un proceso completamente viciado en Lima y en el extranjero.
La ley electoral y la Constitución no contemplan este escenario de vicios flagrantes porque las normas no se emiten para las trampas que ciertos funcionarios quieran efectuar, y eso favorece la impunidad de los responsables. Llámenle como quieran. Digan que no hay fraude. Pero, lo cierto por lo que dicen los hechos, se trata de un proceso electoral viciado, bajo sospecha y sin normas que contemplen sanciones ni la nulidad del proceso.
Y como siempre asoman los que buscan minimizar el escándalo. Salieron las lloronas de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, buscando justificar el daño al país, a las instituciones, a la democracia.
Si normalizamos lo sucedido con esta elección, seremos capaces de seguir tolerando cualquier abuso o delito. Corvetto debe irse de la ONPE y asumir su responsabilidad.
No hay medias tintas ni bandos ideológicos. El caos electoral nos perjudica a todos. Y no es momento para guardar silencio ni ser políticamente correctos. No vengan con discursos de que es un exceso pedir investigación y sanción; se trata de dinero, además, despilfarrado, ¡millones! Entonces, esos sectores no pretendan que sigamos como si nada hubiera sucedido.