Como parte de la estrategia para reengancharse con la ciudadanía, en especial con ese 50% de peruanos que no votaron por Keiko Fujimori y que además muchos de ellos rechazan su proclamación como presidenta constitucional del Perú, se debería priorizar algunos aspectos estratégicos que podrían garantizarle la gobernabilidad del país en este escenario adverso en el que se encuentra.
Pensemos en el país y pongámoslo por delante; independientemente de quién fue electo a la Presidencia, en lo que debemos coincidir la mayoría de los peruanos es que nos importa terminar la crisis política y poder voltear la página de estos últimos diez años que nos llevaron a tener 8 presidentes y un ambiente de inestabilidad política que puede tener consecuencias nefastas, si es que la crisis se profundiza.
Para esto es importante desplegar algunas estrategias políticas, como gestos desde el nuevo gobierno, que permitan generar confianza para un nuevo periodo gubernamental que se abre este próximo 28 de julio. Todo pasa por buscar la reconciliación con esas 16 regiones del país donde no votaron por Keiko, y ahí se tiene que priorizar las atenciones de gobierno a nivel de las diferentes carteras ministeriales; deberían destrabar proyectos importantes para cada una de estas regiones.
Pero a la par se deben tener algunas banderas impostergables, como garantizar la independencia de los poderes del Estado, en especial del sistema de justicia; se tiene que detener esa persecución a jueces y fiscales probos. La JNJ no puede seguir con sus arbitrariedades y menos seguirles el juego a las venganzas digitadas desde el Congreso. El respeto a la institucionalidad pasa por la independencia y autonomía de un poder del Estado, como es el Judicial.
En ese marco, es imprescindible garantizar las investigaciones de los casos de violaciones a los DD. HH. por las 49 víctimas de las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. Se tiene que allanar estos procesos judiciales, porque es una herida abierta en el sur del Perú. Sería un gesto potente de compromiso con la ley y la justicia, y que mostrarían a Keiko Fujimori interesada en los problemas reales.
Otro gesto político potente es tener una posición clara frente a las economías ilegales, marcando posición contra el flagelo de la minería ilegal, que se ha convertido en la principal actividad ilícita, discriminando los casos reales en los que las comunidades campesinas están desarrollando la actividad y les ayuda a mejorar sus condiciones económicas. Se necesita una nueva ley de minería definitivamente.