Es inaceptable que la delincuencia y la extorsión estén obligando a los colegios privados a considerar el regreso a la educación virtual. Lo más alarmante no es solo el impacto inmediato de la violencia en la comunidad educativa, sino el daño profundo y duradero que puede causar en el aprendizaje a una generación que, en lugar de avanzar, se verá nuevamente atrapada en un sistema virtual que ya demostró ser insuficiente para garantizar una formación equitativa y de calidad.
En 2022, un estudio del Ministerio de Educación evidenció un rezago de más de dos años en el aprendizaje de los estudiantes peruanos en etapa escolar, impulsado por la falta de acceso a dispositivos y conectividad, lo que profundizó la brecha educativa en el país.
Si cada vez más colegios optan por lo virtual como medida de seguridad, corremos el riesgo de retroceder en los avances logrados con el retorno a la presencialidad. La educación no puede verse comprometida por la delincuencia. Es urgente que el Estado tome medidas concretas para garantizar la seguridad en los colegios y si no lo hace, que es lo más probable, debemos organizarnos para exigir a las autoridades que lo hagan. No es posible que cuando tenemos un espectáculo deportivo o artístico tengamos miles de policías resguardando estos eventos, pero cuando se trata de nuestros estudiantes, no hay efectivos policiales suficientes. Más efectivo sería que en lugar de destacar a soldados de nuestro Ejército en Larcomar, los desplacen uno a cada colegio.
No podemos permitir que la violencia defina el futuro de la educación en el Perú. La presencialidad debe ser una prioridad, porque sin ella, el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes estarán en peligro.