Lo ocurrido en el Ejecutivo en los últimos días deja más preguntas que certezas. El presidente del Perú, José María Balcázar, anunció públicamente —a través de las plataformas oficiales de la Presidencia— la designación del economista Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. El mensaje fue difundido con seguridad y se mantuvo hasta pocas horas antes de la juramentación del nuevo gabinete, realizada el martes 24 por la tarde. Sin embargo, en un giro inesperado, quien terminó asumiendo el cargo de premier fue la entonces ministra de Economía, Denisse Miralles, convirtiéndose en la séptima mujer en ocupar ese puesto.
La sorpresa no fue solo para la opinión pública. El propio De Soto se enteró por televisión de que ya no sería parte del gabinete. Según sus declaraciones, el silencio previo desde Palacio pudo deberse —dijo irónicamente— a dificultades logísticas, una explicación poco convincente tratándose de un político experimentado. Más allá de la anécdota, el episodio proyecta una imagen de desorden y falta de transparencia en la toma de decisiones al más alto nivel del Estado.
El contexto político tampoco ayuda a disipar las dudas. Balcázar asumió el Ejecutivo por encargatura y su gestión culminará en apenas cinco meses, cuando se instale un nuevo gobierno el 28 de julio. En ese escenario, la conformación del gabinete debía transmitir estabilidad y coherencia. Sin embargo, lo sucedido abre la sospecha de que no se trató de improvisación, sino de una eventual repartija de ministerios entre grupos de poder que respaldaron su elección en el Congreso.
Resulta particularmente inquietante la afirmación atribuida al presidente Balcázar, según De Soto, aquello de, “el gabinete es suyo, salvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. ¿Por qué ese sector era intocable? ¿Qué hacía indispensable al ministro Aldo Pietro? ¿Qué intereses estaban en juego? Más aún si se considera que el presupuesto asignado al MTC para 2026 supera los S/12,970 millones, una cifra que exige el máximo nivel de vigilancia institucional.
No se puede ignorar que el país atraviesa una situación crítica. Tras la vacancia presidencial, y con diversas regiones afectadas por desastres naturales que ya han cobrado vidas, era urgente designar un gabinete con rapidez. Pero la urgencia no justifica las formas ni motivaciones claro-oscuras. La ciudadanía merece claridad, coherencia y respeto por la institucionalidad.
Si lo revelado por De Soto fuese cierto, no estaríamos ante un error improvisado, sino frente a viejas prácticas de reparto político que creíamos superadas. En tiempos de crisis, la transparencia no es opcional: es una obligación democrática.