En unos días, cerraremos un nuevo año y es importante que podamos evaluar qué hemos avanzado en la construcción de un Perú Digital, y más aún saber qué dejamos pendiente.
El principal hito ha sido la promulgación del nuevo reglamento de protección de datos personales, tras un año de estar pendiente su aprobación por parte del Ejecutivo. El nuevo reglamento trae como nuevas obligaciones el contar con un oficial de protección de datos personales para las entidades privadas (las públicas ya tenían la obligación); el reporte de incidentes de ciberseguridad en 48 horas (salvo excepciones) siempre y cuando tengan que ver con datos personales; una sección sobre la portabilidad de datos personales, pero también plazos de adecuación que ya están corriendo. ¿Es un buen reglamento? Sin duda se pueden mejorar muchas cosas, pero era importante que se tuviera ya desplegado y desde allí trabajar en mejorarlo.
Pasará a la División de Secuestros. El coronel Eric Ángeles Puente será su reemplazante en la jefatura.
Un segundo hito, más en lo operativo, fue la adhesión del Perú al Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la Cooperación Reforzada y la Divulgación de Pruebas Electrónicas, esto en la línea de avance sobre la lucha contra la cibercriminalidad. Aún queda como tarea pendiente del Poder Judicial el establecer juzgados especializados en materia digital, para acompañar los avances ya desarrollados por la Fiscalía, la Policia (con la Divindat) y el mismo Poder Ejecutivo. Quedará como duda la posición que tomará Perú si se adhiere al Convenio de Lucha contra el Cibercrimen que Naciones Unidas emitió el 24 de diciembre, sobre todo por los cuestionamientos que la sociedad civil ha tenido a este proyecto inicialmente impulsado por Rusia.
Sunat implementó, aprovechando las facultades delegadas, una modificación a la ley del IGV para que los servicios digitales brindados desde no domiciliados paguen/cobren el IGV. Un proyecto que en su momento SUNAT dijo que no existía y que se tuvo que pedir por acceso a la información pública (y gracias al Tribunal de Transparencia se pudo obtener), pero que era cuestionado por el mismo MEF y entidades internacionales; inicialmente planteado para el 1 de octubre, comenzó a desplegarse el 1 de diciembre. La medición del impacto en el valor de los servicios se verá este mes y, con ello, el impacto en los usuarios y en la recaudación efectiva. Es cierto también que esto genera algunas situaciones anómalas, por ejemplo, los libros en papel no pagan IGV, los libros digitales sí lo pagan.
El Congreso aún no crea una comisión que unifique los diversos temas digitales y, por ello, diversas comisiones han expresado su creatividad normativa sin entender el ecosistema digital o más aún a contravía de normativa ya vigente o acuerdos internacionales cuando no de la Política 35 del Acuerdo Nacional sobre la materia digital. Siendo así, normas sobre movilidad urbana, sobre protección de datos personales, sobre inteligencia artificial se ponen a contravía de desarrollos internacionales, pero aún más de legislación ya vigente en el Perú. Es necesario no solo contar con una comisión especializada, sino con equipos especializados que vean estos temas con las perspectivas de impacto económico y social.
En el tema especial de inteligencia artificial, se tiene pendiente el reglamento. Hay que reconocer que se busca trabajar multiestamentariamente para sacar una buena reglamentación,. El problema está en que el Congreso en paralelo busca sacar leyes para cada sub ítem de la vida diaria que va a contravía, inclusive, de la ley de inteligencia artificial aprobada el año pasado.
Finalmente, queda como tarea pendiente una ley de ciberseguridad que ayude a enmarcar los esfuerzos que desde hace casi 20 años se vienen haciendo en el sector público y privado que se aúna al reciente reglamento de protección de datos; tarea pendiente es evitar la creación de normativa que afecte los derechos humanos en entorno digital, en especial, la libertad de expresión, adhiriéndose a los principios de la Declaración de Salta de la SIP. Finalmente, se espera la creación de la Agencia de Sociedad de la Información que consolide los diversos esfuerzos, tal como lo pedia la Política 35 del Acuerdo Nacional, para hacer que lo digital sirva para cerrar las brechas sociales, y por ende que lograr un Perú Digital sea lograr un mejor Perú.
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