El próximo gobierno recibirá una economía que, pese a los errores acumulados de los últimos años, conserva una fortaleza macroeconómica que muchos países de la región envidian. Sin embargo, detrás de ella existe una creciente debilidad presupuestal que limitará seriamente su capacidad de acción si no se corrige.
Durante los últimos años, el gasto corriente del Estado ha crecido de manera sostenida. Remuneraciones, transferencias y otros compromisos permanentes han absorbido una proporción cada vez mayor del presupuesto público; generando obligaciones difíciles de revertir. El resultado es un Estado con menor flexibilidad para responder a nuevas prioridades y con un espacio fiscal cada vez más reducido.
El próximo gobierno no enfrentará solo un problema de falta de recursos, sino también de expectativas. Las demandas ciudadanas crecen más rápido que la capacidad fiscal del Estado para financiarlas. Encontrará una situación compleja con grandes demandas por seguridad, mejores hospitales y colegios, infraestructura moderna y programas sociales ampliados en un contexto de recursos limitados. Se hicieron promesas electorales difíciles de cumplir que encuentra a un Ejecutivo con un margen muy pequeño para aumentos presupuestales dentro de las metas del Consejo Fiscal.
Sin una expansión sostenida de la base tributaria y una mejora sustancial en la calidad y ejecución del gasto público, las promesas electorales terminarán chocando con la realidad de las cuentas fiscales. Frecuentemente, se señala que el Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina. La afirmación es correcta, pero suele conducir a una conclusión equivocada. Una baja recaudación no significa necesariamente que las tasas de impuestos sean bajas. El verdadero problema es que una parte muy importante de la actividad económica opera fuera de la base tributaria: no es que los que pagan impuestos paguen poco, sino que son muy pocos los que los pagan.
Por ello se deberá trabajar en tres frentes: incrementar la recaudación ampliando la base tributaria, reduciendo la informalidad y fortaleciendo la capacidad de fiscalización; mejorar la eficiencia del gasto público, eliminando programas poco efectivos y disminuyendo desperdicios; y reducir el alcance de las promesas, ajustándolas a los recursos realmente disponibles.
La paradoja peruana es evidente. Tenemos una economía que aún conserva sólidos fundamentos macroeconómicos, pero un presupuesto que no permite atender las demandas de la población como corresponde. La verdadera discusión no debería centrarse únicamente en cuánto más recaudar, sino en cómo construir un Estado más eficiente que no solo amplíe la base tributaria sino que utilice mejor los recursos.
Debe evitar financiar sus promesas mediante mayores déficits fiscales y deuda pública, arriesgando la estabilidad que ha caracterizado al Perú durante décadas, o incrementando la carga sobre la economía formal, debilitando la inversión y la competitividad. Más bien, debe asumir el desafío más difícil, pero también el más sostenible: generar mayor crecimiento, mejorar la calidad del gasto público y ampliar la base tributaria sin castigar a quienes ya contribuyen, generando mayores recursos para cumplirlas. Nuestra fortaleza macroeconómica es una ventaja competitiva que hay que proteger.