Durante años el Perú ha mostrado un desempeño económico mejor de lo que suele reconocerse. Medido por su Producto Bruto Interno (PBI) nominal, el indicador estándar del tamaño de una economía, el país se ubica alrededor del puesto 50 en el ranking mundial, según cifras del Banco Mundial y el FMI. No somos una economía pequeña ni marginal.
Sin embargo, cuando se observa cómo viven efectivamente los ciudadanos —calidad de servicios, oportunidades, seguridad y confianza— el país aparece más abajo. Cuando nos medimos en términos de PBI por poder de compra (PPP) caemos alrededor del puesto 70.
En métricas de prosperidad, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Progreso Social o el Índice de Prosperidad del Legatum Institute, el Perú suele ubicarse entre los puestos 60 y 90. Hay que ver esas diferencias como una oportunidad y no un fracaso.
La riqueza mide producción e ingresos; la prosperidad mide resultados sociales. Que el Perú produzca más de lo que logra transformar en bienestar significa que hay espacio real para mejorar sin partir de cero. A diferencia de países pobres, el Perú ya cuenta con recursos, estabilidad macroeconómica y experiencia de crecimiento. Lo que falta es convertir esa riqueza en prosperidad.
El Perú tiene hoy una ventaja clave: sabe qué funciona y qué no. Los países más prósperos muestran un camino claro: priorizar primera infancia, educación pública, salud primaria, infraestructura básica, buena gestión pública y justicia funcional. No es una agenda ideológica, sino práctica.
El ciclo de expansión de las décadas pasadas elevó ingresos y redujo pobreza. El siguiente paso es usar esa base para fortalecer capacidades del Estado y mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en regiones y municipios. No se trata de gastar mucho más, sino de gastar mejor y ejecutar con mayor profesionalismo. Esto permitirá retomar la senda de la prosperidad y reducción de la pobreza.
La informalidad sigue siendo un obstáculo, pero también un campo de acción claro. Los países que lograron mayores niveles de prosperidad lo hicieron ofreciendo servicios públicos universales visibles, reglas simples y un Estado confiable. Cuando el ciudadano percibe beneficios concretos, la formalización se facilita e incluso se busca.
Un pilar central de esa transformación es la educación pública. Las brechas de prosperidad se originan en la primera infancia y se consolidan en la escuela. Por eso, la educación inicial y la escuela pública de calidad no son solo políticas sociales, sino la inversión económica más rentable de largo plazo. Allí se define la productividad futura, la movilidad social y la cohesión del país.
La conclusión es alentadora. El Perú no carece de riqueza ni de potencial; carece de una mejor conversión de esa riqueza en prosperidad. Si logramos cerrar esa brecha, los buenos indicadores macroeconómicos pueden finalmente reflejarse en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una meta alcanzable, obviamente si elegimos bien a nuestros gobernantes.