El Perú necesita muchos cambios y reformas, y siendo realistas, va a ser muy difícil que muchas de ellas se implementen como resultado de la composición congresal que tenemos, indistintamente de quien gane las elecciones el 7 de junio, que espero sean más ordenadas que las del 12 de abril y sin un tufillo de fraude.
Aparte de las múltiples irregularidades, la primera vuelta mostró que existe una enorme polarización en el país donde los dos candidatos más votados recibieron menos del 29% de los votos válidos, con altos porcentajes de rechazo. Peor aún, uno de ellos propone políticas de izquierda radical que han fracasado anteriormente en el país y en otros países vecinos, resultando en inflación, desempleo y pobreza.
¿A qué se debe que la población vote por un candidato que le ofrece una propuesta que empeorará la economía del país, limitando su desarrollo y el de sus familias al ahuyentar la inversión y reducir la generación de empleo? Refleja una combinación de factores: resentimiento de la población provinciana con Lima a quien achaca sus problemas, descontento generalizado con la mala calidad de los servicios públicos, y un gran desconocimiento de principios económicos básicos, lo que los convierte en presa fácil de la narrativa populista izquierdista.
El debate técnico tuvo altas y bajas, pero nos mostró las grandes incongruencias entre el programa original que presentó Juntos por el Perú (una continuación del de Perú Libre) y lo que ahora nos quiere vender. No nos dejemos engañar que, así como lo modificaron para ganar votos, si llegan al poder lo retoman. Asimismo, con el propósito de confundir, los técnicos de JP acusaron repetidamente a FP de ser culpable del mal manejo del gobierno, cuando en los últimos años éste ha estado en manos de la izquierda. No seamos ingenuos: quien gobierna es el Ejecutivo, no los congresistas ni los partidos políticos.
No necesitamos una nueva Constitución o un nuevo modelo económico para mejorar nuestra calidad de vida: lo que requerimos es una mejor gestión pública y algunas reformas básicas pendientes desde más de dos décadas, que serán muy difícil de aprobar. Por ello el énfasis del nuevo gobierno debe ser mejorar el funcionamiento de la administración pública para aumentar la calidad de los servicios públicos. Principalmente seguridad, educación, salud, programas sociales, infraestructura y acceso al agua.
Los ciudadanos queremos más seguridad, mejor atención, menores colas, menos trámites; y más transparencia, honestidad y empatía. Esto requiere gestores de primer nivel en los ministerios, hospitales, escuelas y otras instituciones públicas y trabajar de cerca con los gobiernos regionales y distritales para apoyarlos en su gestión, asegurando un mejor uso de los recursos. Debemos terminar el deterioro institucional que se ha agravado en años recientes. No podemos seguir desperdiciando los recursos.
Votemos por quien consideramos que será más capaz de mejorar la gestión pública al poder convocar a los profesionales más capacitados, indistintamente de su color político, para dirigir los ministerios e instituciones públicas. Eso es lo que cambiará la vida a muchos peruanos, particularmente a los de menores ingresos, que son los que más requieren servicios públicos y programas sociales de calidad.