El reciente fallo de la Corte Suprema americana que invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles generalizados marca un punto de inflexión en la política comercial estadounidense. Más allá de su dimensión jurídica, la decisión redefine el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, limitando la capacidad de la administración de utilizar aranceles como herramienta punitiva de política exterior. El fallo judicial nos recuerda que los aranceles son impuestos y, por tanto, salvo casos puntuales, requieren autorización legislativa explícita.
El gobierno reaccionó imponiendo un nuevo arancel generalizado de 10% (luego aumentado a 15%) para reemplazar el prohibido, utilizando una potestad que tiene para imponer aranceles sin aprobación Congresal, pero con una duración de solo 150 días. El Ejecutivo mantiene herramientas comerciales relevantes, pero pierde la capacidad de reaccionar de manera rápida y unilateral con tarifas amplias invocando emergencias económicas. La política arancelaria pasa a ser, nuevamente, un terreno de negociación política interna, sujeto a mayor escrutinio y a los tiempos más lentos del proceso legislativo.
Este cambio adquiere especial relevancia en un año electoral. Trasladar la aprobación de nuevos aranceles al Congreso americano introduce incertidumbre política en un contexto de polarización y márgenes legislativos estrechos. Estas medidas corren ahora el riesgo de quedar atrapadas en disputas partidarias, cálculos electorales y presiones de grupos de interés, debilitando la flexibilidad estratégica de la amenaza arancelaria. Para los socios comerciales, en cambio, el fallo reduce el riesgo de shocks punitivos repentinos y mejora la previsibilidad del entorno comercial.
En el plano fiscal, la decisión también genera efectos. La anulación de aranceles elimina una fuente de recaudación y abre la puerta a litigios de importadores que podrían reclamar devoluciones, creando un pasivo contingente para el Tesoro. Pero el impacto más profundo es institucional: la recaudación arancelaria deja de ser un instrumento discrecional del Ejecutivo y vuelve a estar anclada en el proceso presupuestario.
Desde una perspectiva macroeconómica, el fallo puede contribuir a moderar presiones inflacionarias en el margen al limitar el uso de aranceles como impuesto indirecto sobre importaciones. Sin embargo, su efecto principal es político: obliga a que la política comercial sea el resultado de consensos internos más amplios.
En conclusión, el fallo no elimina el proteccionismo estadounidense, pero sí lo institucionaliza. La política arancelaria deja de ser un instrumento de coerción ejecutiva inmediata y pasa a depender del complejo proceso legislativo. En un año electoral, esa transición no solo complica la agenda comercial de la administración, sino que redefine la credibilidad de la amenaza arancelaria como herramienta de presión internacional. No queda claro cómo nos afecta, ya que no se sabe si todas las exoneraciones de 2025, principalmente de productos alimenticios que exportamos, están garantizadas bajo el nuevo arancel global. Esperemos que sí.