Con miras hacia adelante, valdría la pena recordar que en estas elecciones Keiko Fujimori obtuvo 2.8 millones de votos, medio millón de votos menos que los votos blancos y nulos que suman 3.3 millones. Y al margen de quién sea su contendor en segunda vuelta, por cualquiera de ellos votaron poco menos de 2 millones. Votaron un total de 19.7 millones de peruanos. Quienes pasen a segunda vuelta no llegan a sumar un cuarto de los votos emitidos. Como se le quiera ver, un cuarto de los peruanos que votaron nos obliga a tres cuartos a optar por una de sus opciones. Cualquier candidatura con convicción democrática tendría que entender que tiene que ganarse la confianza de ese 75% de peruanos que no votaron por ninguno de los dos.
Las fallas en la primera vuelta son indiscutibles, y está en investigación si hubo corrupción en la contratación del proveedor de transporte del material electoral. De ahí a concluir que hubo un fraude con la determinación de afectar el voto en Lima hay harto pan por rebanar. Que el exjefe de la ONPE reclute como abogado a un miembro de Juntos Por el Perú genera suspicacia natural, pero no es prueba de nada. Estamos a un mes y semana de la segunda vuelta y en menos de quince días la ONPE se ha comprometido a anunciar los candidatos que pasan a segunda vuelta. Roberto Sánchez ya ha declarado que empieza su campaña para la segunda vuelta y aprovecha toda la discusión sobre fraude en Lima para soliviantar regiones con el mensaje: “Lima no respeta tu voto”.
Ese mensaje puede calar en las regiones porque toca una fibra de resentimiento que tiene base real. Muchas regiones culpan a Lima de su atraso relativo. Las cifras sobre inversión pública no respaldan esa hipótesis. Hay diversidad de ejemplos de proyectos de inversión pública paralizados por mala gestión de autoridades regionales y locales, pero ellos culpan al sistema de inversiones de no entender su realidad. En cualquier caso, esa discusión pasa desapercibida por el ciudadano común que simplemente convive con obras que demoran una década en volverse realidad. Sostener que Lima no respeta a los peruanos del interior del país cala porque anida en algo que ya sienten.
Uno podría pensar, además, que el desastre de gestión de la ONPE en Lima en las últimas elecciones no es muy diferente a la gestión promedio —no solo en las regiones— del sistema de salud, educación, seguridad, etcétera. En estas elecciones, la ONPE ha dado un servicio en Lima similar al que diariamente ofrecen Essalud, Minsa, las comisarías y juzgados, etcétera. ¿Qué opinión tendrá el peruano que votó en regiones sin mayor problema sobre lo ocurrido en Lima? ¿Le parecerá que es inaceptable que una mesa se instale muchas horas después porque no llegó el material en el plazo que manda la ley? ¿O le parecerá una gritería de ciudadanos engreídos que no saben cómo funciona el Estado en provincias? Antes de anticipar respuestas hay que tener en cuenta que en no pocas regiones ha ganado Juntos
Por el Perú.
Una acusación del tipo “Lima no respeta tu voto”, además, es la repetición de lo que ya ocurrió con Castillo en 2021, en que todas las acusaciones de fraude no pudieron ser probadas. Es válido el temor a lo que implicaba un gobierno de Castillo, pero eso no es suficiente para argumentar fraude sin pruebas. Y el capital político que todavía tiene Castillo y que ha puesto a disposición de Sánchez, a pesar de que este sacó cuerpo respecto a su golpe fallido, implica que el componente identitario, solito, aún con la enorme torpeza y claros signos de corrupción de Castillo, funciona. Hay un número no menor de peruanos que viven en situación de pobreza que prefieren votar por alguien que les parezca cercano a su realidad, y no tienen cómo entender que lo que les propone es sebo de culebra y los volvería más pobres. Esa realidad es la que es urgente cambiar, pero no se puede desconocer hoy.