“Perú país de emprendedores”, es una frase que se repite con orgullo, pero que lejos de ser una fortaleza es el reflejo de una carencia. Una parte importante del emprendimiento no nace de la innovación ni de la identificación de oportunidades, sino de la ausencia de empleo formal.
La teoría económica distingue entre emprendimiento por oportunidad y por necesidad. El primero impulsa el crecimiento económico porque introduce innovación, productividad y empresas escalables. El segundo es, muchas veces, una estrategia de supervivencia frente a un mercado laboral incapaz de generar suficientes empleos de calidad. El Perú encaja mucho más en esta segunda.
Según la OCDE, cerca del 71% de los trabajadores peruanos permanece en la informalidad y alrededor del 53% trabaja por cuenta propia, una de las tasas más elevadas de América Latina.
¿Por qué ocurre esto? Porque el mercado laboral está atrapado entre dos grandes fallas estructurales: trabajadores cuya productividad crece poco, y empresas para las cuales contratar formalmente resulta excesivamente costoso. La primera tiene nombre y apellido: capital humano. Un trabajador es poco productivo porque el país no invirtió lo suficiente en su desarrollo desde la infancia. La ENDES muestra que 34.9% de los niños entre 6 y 35 meses padece anemia y 12.1% sufre desnutrición crónica.
Luego viene la escuela. En la prueba PISA, apenas 47% de los estudiantes peruanos alcanzó el nivel mínimo de competencias en ciencias, frente al 76% en la OCDE. Apenas 1% logró desempeños de excelencia, siete veces menos que el promedio de los países desarrollados. El Perú cuenta con cerca de un centenar de universidades, pero pocas aparecen de manera consistente en los principales rankings internacionales y ninguna figura entre las cien mejores del mundo. Pero seguimos discutiendo la creación de nuevas universidades.
En lugar de corregir estos problemas, seguimos aprobando políticas públicas que van en sentido contrario. El Congreso ha privilegiado incrementos remunerativos y beneficios para el magisterio —objetivos legítimos cuando responden al mérito—, mientras impulsa normas que debilitan la meritocracia.
La segunda gran falla es el costo de contratar. La OCDE y el BID coinciden en que los costos de contratación pueden superar el 50% del salario, de los más altos en Latinoamérica. Durante años, el debate político ha consistido en seguir incorporando beneficios y rigideces, pero muy poco en preguntarnos quién termina pagando esa factura: los trabajadores que nunca logran ingresar al sector formal.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de cambiar esto con una agenda de productividad que combata la anemia; elevando radicalmente la calidad de la educación; defendiendo la meritocracia; dejando de crear universidades por cálculo político; revisando los sobrecostos laborales; y, promoviendo un mercado laboral que premie la productividad antes que la informalidad. Ojalá lo haga.