Durante mucho tiempo se ha creído que la desinformación era, sobre todo, un problema de ciudadanos poco informados o demasiado apresurados para verificar lo que compartían. La investigación publicada hace unos días por El País sobre la expansión internacional de la red de medios impulsada por Javier Negre, periodista español de ultraderecha, permite comprender el fenómeno en mayor complejidad.
El reportaje del diario español describe cómo una red de canales, páginas web y plataformas digitales ha construido un modelo que combina contenidos altamente polarizantes con una estrategia para acumular audiencias masivas. Esa audiencia se convierte luego en una fuente de ingresos mediante publicidad, suscripciones y acuerdos comerciales, pero también en un activo que facilita relaciones con dirigentes, campañas e influencia política. Más allá de las posiciones ideológicas de sus protagonistas, el caso muestra que la atención ya no solo sirve para difundir ideas; puede convertirse en un negocio.
El pensamiento crítico y la alfabetización mediática son más urgentes que nunca. Es indispensable que los ciudadanos aprendan a distinguir una fuente confiable de una dudosa y que no comparta cualquier publicación solo por un sesgo de confirmación. Este esfuerzo es necesario, pero no es suficiente para comprender el problema que se enfrenta: hay gente que se beneficia cuando una noticia falsa se viraliza.
La desinformación no ha sido nunca una realidad ajena al Perú. Durante el último proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones registró cientos de alertas por desinformación relacionadas con la campaña. Hasta febrero, registró 704 alertas de desinformación electorales durante 11 meses. Circularon publicaciones sobre fraudes, cédulas marcadas, material electoral manipulado y otros hechos que nunca ocurrieron. Periodistas, autoridades y organizaciones dedicaron tiempo a verificar, explicar y desmentir. Y mientras la verdad llegaba a un ritmo lento y exigente, la mentira ya había conseguido miles de reproducciones, comentarios y compartidos.
En el mundo digital, todos compiten por la atención. Cuanto mayor es la audiencia, mayores son las posibilidades de obtener publicidad, contratos, donaciones, posicionamiento o influencia. En ese contexto, la desinformación deja de ser únicamente un error o una irresponsabilidad. Puede convertirse en una estrategia rentable.
Eso no significa que toda persona que difunde información falsa lo haga deliberadamente ni que toda audiencia conseguida en Internet tenga un origen cuestionable. Lo que sucede es que las mismas reglas que premian un buen trabajo periodístico también pueden premiar un contenido engañoso si logra despertar suficiente indignación, miedo o curiosidad. El algoritmo no distingue entre calidad e impacto.
Por eso resulta insuficiente trasladar toda la responsabilidad al ciudadano. Pedir que cada persona verifique cada imagen, cada audio o cada publicación es razonable, pero también supone una carga desigual. Producir una falsedad puede tomar apenas unos minutos. Desmentirla exige buscar documentos, consultar especialistas, contrastar versiones y explicar contexto. Cuando la corrección finalmente aparece, muchas veces la publicación original ya cumplió su objetivo: captar atención.
La discusión sobre la desinformación no debe concentrarse solo en quienes la consumen, sino en visibilizar las posibles maquinarias de producción y distribución de la misma. Si la mentira genera ingresos, visibilidad o influencia, seguirá viendo personas dispuestas a fabricarlas.