El costo de no escuchar

Los cambios que el Congreso ha aprobado mediante leyes apresuradas en los últimos meses no respondían a demandas nuevas. En los casos de las AFP, la ONP, el CAS y el régimen agrario, se venían reclamando modificaciones desde hacía tiempo. Los aportantes de las AFP y la ONP llevaban años pidiendo cambios, como también lo hacían los trabajadores del CAS y el régimen agrario, pero sus voces no habían sido tomadas en serio o simplemente rechazadas y catalogadas de “exageradas” o “muy costosas”.

Bastó la llegada de un Congreso arrebatado para que se acogiera la demanda máxima en cada caso. Aunque algunas pueden haber sido necesarias y justas, otras representan un riesgo inmenso para algunos de los derechos fundamentales de los peruanos. He escrito antes sobre la ley que permite que los aportantes de la ONP retiren todos sus fondos o hasta 1 UIT, pues mina pensiones futuras y destruye más nuestra ya terriblemente precaria seguridad social, demostrando que la cultura previsional no existe en Perú.

Por su lado, la eliminación del CAS, un asunto que también recae directamente en el Estado, es una demanda que existe desde que este se creó en 2008. Pero las promesas de cambio se terminaban con las campañas electorales y los esfuerzos reales por terminar con él nunca llegaron. Ahora sí se eliminó, lo que es justo, pero sin aviso ni preparación alguna.

En esa misma línea, pero desde el sector privado, lo ocurrido con las AFP y el régimen agrario evidencia que la intransigencia y rigidez ante los pedidos de diálogo y cambio no son buena receta. A los administradores de fondos privados y agroindustriales les hubiese resultado mejor un cambio progresivo, asegurando que todos estén en el mismo barco y evitando que aportantes y trabajadores, que son parte esencial de su ecuación, pateen el tablero. Pero negarse al diálogo sincero para la mejora constante trajo exactamente lo contrario.