En su apuro por sacar de la cárcel, a como dé lugar, al golpista Pedro Castillo antes de la transferencia de poder, el gobierno intentó recurrir a una nueva artimaña: un informe de un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Recordemos que no hace mucho el propio mandatario, José Balcázar, llegó a desnudar sus intenciones sin el menor rubor: “Yo podría o no podría dar indulto a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer, porque es una decisión presidencial”. Y la verdad es que sus maniobras tras las bambalinas van quedando groseramente expuestas.
Lo del mentado documento de la ONU no es más que el descaminado análisis suscrito por un grupo de cinco “expertos” de distintos países (Ecuador, Nueva Zelanda, Ucrania, Zambia, Corea del Sur), de los cuales dos se manifestaron en contra de la liberación del golpista. Un informe emitido, como bien ha escrito el jurisconsulto Aníbal Quiroga en Perú21, sin analizar la Constitución peruana, el Código Penal ni la sentencia del Tribunal Constitucional en nuestro país.
“Sus conclusiones –que no son vinculantes para el Perú– son superficiales, naif y no tocan los aspectos medulares: el impacto nuclear de un intento de golpe, la grave afectación política, social e internacional que conlleva para la estabilidad regional (y con argumentos) tan absurdos como que no fue un golpe porque Castillo ‘no dio cuenta previa al Consejo de ministros’”… Y todo esto, como recuerda Quiroga, sin analizar la flagrancia, y el hecho de que fue denunciado por el Ministerio Público y sentenciado judicialmente por la Corte Suprema de la República.
El informe ignora también el largo proceso que se siguió contra Pedro Castillo —luego de ser capturado cuando intentaba huir del país, al darse cuenta del fracaso de su asonada— y en el cual se garantizó su derecho a la defensa.
Balcázar querrá ver a su correligionario y amigo fuera de la cárcel, pero de decidir abrirle las puertas sin un sustento jurídico sólido, que se prepare para afrontar las consecuencias.