El Perú se encamina a las elecciones de este año en un contexto de alta polarización política y profundo descontento ciudadano. La corrupción, la inseguridad y las extorsiones afectan la vida cotidiana y han erosionado seriamente la confianza en las autoridades y en el sistema político.
Este malestar parece contradictorio frente a indicadores macroeconómicos relativamente favorables. El empleo crece, la inflación es baja, los términos de intercambio nos favorecen y las agroexportaciones alcanzan niveles récord. Sin embargo, estos avances no se traducen en bienestar percibido ni en expectativas reales de progreso para la mayoría de la población.
Esta desconexión no es casual. El crecimiento económico solo genera estabilidad social cuando se convierte en oportunidades reales y movilidad social para todos. En el Perú, esta desconexión tiene una causa estructural: un sistema educativo que no prepara a la mayoría para participar del crecimiento ni para comprenderlo.
La educación deficiente no solo reproduce desigualdad económica: debilita la democracia, reduce la productividad y erosiona la confianza en las instituciones. Un país que no forma ciudadanos con pensamiento crítico y valores cívicos queda expuesto al populismo, la corrupción y la violencia.
En el Perú persisten amplias brechas educativas, no existe un liderazgo claro en el sector educación y el país carece de una visión de largo plazo. Pero, como advertía Winston Churchill, “nunca desperdicies una buena crisis”, las elecciones de 2026 representan una oportunidad para corregir el rumbo y exigir liderazgo. Informarse sobre quiénes son los candidatos, su trayectoria y sus vínculos no es opcional: es una obligación democrática. La improvisación en el voto se paga con improvisación en el gobierno, y ese costo termina asumiéndolo todo el país.