En este espacio ya me he referido al gradual proceso de deterioro de nuestra situación fiscal, consecuencia de un Ejecutivo cada vez más permisivo con el déficit, un Legislativo que no para de aprobar leyes que elevan el gasto público y un Tribunal Constitucional que en 2022 emitió una sentencia que da carta a este último para la farra fiscal.
Como se ha discutido esta semana, un caso particularmente preocupante es el de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en los últimos 30 meses ha iniciado un proceso de expansión de deuda sin precedentes que compromete severamente el futuro de la institución.
Ya al cierre de 2024, los pasivos de la Municipalidad sumaban S/3,454 millones. No obstante, luego de una reciente emisión de bonos por S/1,300 millones, el nivel de deuda se encuentra en cerca de S/5,000 millones. Así, desde que inició la gestión edil, el total de pasivos se ha multiplicado por 3.4, algo tan inusitado como peligroso.
A estas deudas se agregan los llamados pasivos contingentes, es decir, montos que se podrían volver obligaciones financieras a futuro, vinculados a arbitrajes y controversias pendientes de resolver. En el peor de los casos, si todas estas contingencias se activaran, la deuda total de la municipalidad superaría los S/10,000 millones. Bajo ese supuesto, estaríamos ante una multiplicación de la deuda nada menos que por seis.
¿Cuál es el problema con un nivel de pasivos tan elevado y creciente? Hay dos elementos principales. El primero es que, a mayor deuda, mayor servicio de la misma. Esto es, un mayor porcentaje del presupuesto anual de la municipalidad que deberá irse a honrar las acreencias. Según la calificadora de riesgo Moody’s, hoy un 62% de los ingresos municipales debe destinarse al pago de deudas. De estos, entre el 16% y 24% —casi un cuarto— deben destinarse únicamente a intereses.
Un segundo elemento es el que afectará dramáticamente las gestiones futuras. El que una administración multiplique tan agresivamente los pasivos, implica que las siguientes tendrán que pagar por ellos. La carga que se está generando es tal que en pocos años no quedará espacio alguno para emprender nuevos proyectos o tener iniciativa propia. Estaremos ante gestiones cuya única prioridad presupuestal deberá ser el pago de proyectos de administraciones previas. Este impacto estará vigente por décadas. De hecho, la última emisión de bonos de la municipalidad por S/1,300 millones tiene su vencimiento en 2045.
Dada esta situación, no es de sorprender que, en junio, Moody’s haya rebajado la calificación crediticia de la municipalidad del grado “ba1” a “ba2”. Esto significa que hoy la institución es percibida como un sujeto de crédito más riesgoso (y al que, por tanto, se le deben cobrar intereses más altos). Es lo mismo que pasaría con cualquier familia si se llenara de deudas durante un periodo corto de tiempo sin incrementar sus ingresos.
Ahora bien, ¿por qué la Municipalidad Metropolitana de Lima puede incrementar su nivel de deuda sin límite, algo que el Ejecutivo solo puede hacer respetando los topes de las reglas fiscales? Esto se debe a una ley, aprobada por el Congreso en 2016, que exoneró a los gobiernos locales de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal. La lógica detrás de esta ley es que las municipalidades pueden respaldar sus emisiones de deuda con los ingresos que estas generan y, por lo tanto, no se trata de una deuda soberana (es decir, garantizada por el Gobierno nacional). No obstante, ante una situación de insolvencia, es muy probable que la municipalidad termine apelando al Ejecutivo para un rescate. Al final del día se trata de un solo Estado, por lo que su manejo financiero debiera ser visto integralmente.
La administración prudente de las finanzas públicas ha sido una de las principales fortalezas del Perú en las últimas tres décadas, lo que nos ha permitido navegar profundas crisis políticas e institucionales sin que la economía se vaya por la borda. No permitamos que las ambiciones políticas y la irresponsabilidad de las autoridades destruyan ese activo tan valioso.