Estudiantes de la PUCP han rechazado públicamente el aumento de sus pensiones. El debate no es nuevo. Refleja la realidad que las familias enfrentan cada año en colegios y universidades privadas: ¿hasta qué punto el libre mercado puede regular por sí solo un servicio tan sensible como la educación?
La Constitución garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de una economía social de mercado. Bajo esa premisa, las universidades tienen derecho a establecer el costo de sus servicios organizando su estructura empresarial. No hay control estatal de precios sobre las pensiones.
Sin embargo, la educación no es cualquier servicio. Es un derecho fundamental y un servicio público orientado al desarrollo integral de la persona en la sociedad. El propio TC ha señalado que, aun cuando sea brindada por entidades privadas, la educación cumple una función social vinculada con la dignidad humana y con el proyecto de vida.
El libre mercado funciona bajo la premisa de que, si un consumidor no está conforme con el precio o las condiciones de un servicio, puede decidir libremente cambiar de proveedor. Pero en la educación esa posibilidad no es real. Cambiar de universidad a mitad de carrera no es opción. La educación superior es parte del proyecto de vida. No es como cambiar de banco, de supermercado o de operador telefónico. Otro tanto ocurre en la educación escolar, donde cambiar al menor de colegio afecta su estabilidad emocional, familiar y académica.
La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas sanciona el abuso de posición de dominio cuando se utiliza el poder dentro del mercado para imponer condiciones que afectan a los consumidores. En la educación esta se manifiesta con un estudiante “atado” académica y económicamente a una institución. Las universidades saben que un alumno difícilmente abandonará sus estudios frustrando su proyecto profesional por el incremento de las pensiones. El costo de retirarse resultará mayor.
Surge el debate sobre la razonabilidad, la transparencia y límites en un mercado tan particular como el educativo. ¿Contamos con mecanismos suficientes para evitar que las familias terminen aceptando condiciones económicas superiores a sus posibilidades solo porque no las pueden rechazar?
Esto no significa desconocer la libertad de empresa ni negar la autonomía de las universidades. Es reconocer que la educación tiene una naturaleza distinta a la de cualquier otro servicio comercial. Sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales y proyectos de vida.
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