La muerte de la joven deportista Lizeth Marzano no es solo un hecho trágico que ha indignado al país. Es un caso que expone dilemas éticos, decisiones cuestionables de las autoridades y una sensación persistente de desigualdad. Es, sobre todo, una situación que nos enfrenta a nuestras propias contradicciones cuando la justicia se cruza con la exposición mediática.
El caso se volvió rápidamente mediático cuando se descubrió que el responsable del atropello es Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, hasta hace pocos días figura de Willax. A partir de ahí, el debate dejó de girar únicamente en torno a la responsabilidad penal y comenzó a ampliarse: ¿hubo encubrimiento?, ¿se intentó usar influencias?, ¿la justicia actúa igual cuando hay apellidos conocidos? No son preguntas antojadizas en un país donde la desigualdad ante la ley no es solo una percepción, sino una experiencia repetida.
A esto se suma un dilema más complejo: el rol de los padres cuando un hijo está involucrado en un hecho gravísimo. ¿Qué corresponde hacer? ¿Proteger a toda costa? ¿Acompañar para que asuma su responsabilidad? En este caso, además, el conflicto incluye la dimensión profesional. Cuando una periodista enfrenta un hecho que involucra directamente a su entorno cercano, la expectativa pública de transparencia es mayor. Sin embargo, la decisión que se tomó —según lo que hoy se investiga— no fue la de facilitar que se esclarezcan los hechos, sino la de optar por el silencio y el encubrimiento. Y eso tiene consecuencias éticas y legales.
Este caso también obliga a mirar las muertes que no se vuelven virales. Cada año, miles de personas mueren en accidentes de tránsito en el país, muchas veces por irresponsabilidad de conductores. ¿Reciben la misma presión mediática? ¿Sus familias encuentran la misma atención institucional? La justicia no debería depender del ruido, pero en la práctica muchas veces lo hace.
Estas preguntas no buscan relativizar la gravedad del caso de Lizeth ni el derecho de su familia a obtener justicia. Al contrario: subrayan que, para que esa justicia avance, ha sido necesario insistir públicamente. En ese punto ha sido clave el papel de su hermano, quien no dejó que el caso se diluyera. Buscó cámaras, exigió respuestas y sostuvo la presión cuando el tema aún no ocupaba titulares. Si hoy el país conoce los detalles, no es solo por los nombres involucrados, sino también por esa persistencia.
Este hecho también deja al descubierto el comportamiento inicial de las autoridades. Con el paso de los días y tras la difusión de imágenes en programas periodísticos, se supo que la Policía contaba desde el mismo día del accidente con información que podía haber permitido una actuación más rápida. Esa demora alimenta sospechas de trato diferenciado y debilita la confianza en un sistema que debería actuar con la misma celeridad sin importar quién esté involucrado.
También conviene revisar el tratamiento narrativo. Se ha enfatizado en el futuro prometedor de la víctima, su disciplina, su talento. Es comprensible desde lo humano. Pero la dignidad de una vida no depende de sus logros. Cuando resaltamos el “potencial perdido”, corremos el riesgo de insinuar que algunas vidas valen más que otras en términos simbólicos.
Y, finalmente, está nuestro papel como audiencia. Influencers, comentaristas y creadores de contenido han convertido el caso en material constante de análisis, transmisiones y reproducciones. No todos lo hacen con rigor. Algunos convierten el dolor en mercancía.
Este caso revela múltiples fracturas: en el sistema de justicia, en la ética mediática, en la percepción pública de la responsabilidad, y en nuestras propias prácticas como consumidores de información. Si algo debemos aprender de esta tragedia es que la justicia, la atención temprana a víctimas, la transparencia mediática y la reflexión ética deben estar entrelazadas.