Las contradicciones en política son comunes y, si se habla de la izquierda en su postura de defensa del pueblo, aún más. La izquierda es crítica cuando el pueblo —palabra que tanto usan en sus discursos— no vota como cree que debería votar. Cuando no lo hace, cuando un trabajador, una persona humilde o alguien de sectores populares opta por una candidatura más cercana a la derecha, deja automáticamente de ser un ciudadano con criterio propio y pasa a convertirse en un “manipulado”, un “alienado” o incluso un “traidor de clase”.
La idea no es nueva, pero en tiempos de redes sociales y elecciones se ha vuelto cada vez más explícita. Influencers, activistas y comentaristas políticos repiten con frecuencia que el votante pobre que no apoya a la izquierda simplemente no entiende sus propios intereses. Dicen que ese proletario ha aceptado ser esclavo de sus amos, ha sido engañado por las élites económicas, vota contra sí mismo, no tiene conciencia de clase. Hay sectores que consideran que ciertas personas solo pueden votar “correctamente” si lo hacen por determinadas ideas.
Esa mirada reduce a las personas a su nivel socioeconómico, como si la identidad política de un ciudadano estuviera predeterminada por su ingreso mensual, como si ser trabajador obligara necesariamente a abrazar propuestas de izquierda. Pero es difícil convencer a alguien de lo contrario cuando la ideología le gana y no le permite ver a los demás como individuos, sino como una masa.
Las personas no votan necesariamente o únicamente pensando en redistribución económica. También lo hacen por estabilidad, seguridad, orden, expectativas de crecimiento, experiencias personales, rechazo al caos político, desconfianza hacia el Estado o frustración frente a sistemas que consideran ineficientes. Un trabajador puede desconfiar de grandes grupos empresariales y, al mismo tiempo, desconfiar también de un Estado capturado por corrupción, burocracia e improvisación. Ambas cosas pueden coexistir perfectamente.
Por eso, resulta simplista asumir que una persona de bajos recursos que vota por opciones más orientadas al mercado necesariamente “traiciona” a su clase. Muchos ciudadanos llegan a esa conclusión observando experiencias concretas: inflación, crisis económicas, empresas estatales deficitarias, servicios públicos deteriorados o modelos que prometieron igualdad y terminaron produciendo más pobreza. En el Perú, casos como Petroperú suelen aparecer en esas discusiones como símbolos de captura política, gasto ineficiente y mala gestión estatal.
Eso no significa que las críticas a los empresarios sean equivocadas. Tampoco significa que las élites económicas no puedan ejercer poder indebido sobre la política y abusar de los ciudadanos. Reconocer eso no obliga automáticamente a asumir que cualquier alternativa más estatista o más radical representa una solución efectiva.
Algunos personajes que hablan constantemente de conciencia de clase suelen hacerlo desde posiciones bastante cómodas y privilegiadas. Explican a trabajadores, emprendedores informales o personas pobres cómo deberían votar y cuáles deberían ser sus intereses. En el fondo, la visión es un “yo entiendo el sistema; tú no entiendes lo que te conviene”.
La democracia implica aceptar que las personas pueden llegar legítimamente a conclusiones políticas distintas. Esto pasa incluso cuando pertenecen al mismo sector social.
Decir que una persona pobre y trabajadora que vota por la derecha es automáticamente un tonto resulta tan reduccionista como burlarse del empresario o del joven acomodado que comparte ideas de izquierda desde un iPhone. En ambos casos, lo que aparece es la misma caricatura simplista: asumir que las personas no pueden pensar más allá de la etiqueta económica.