Desde que José Salardi llegó al Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto un importante énfasis en la reactivación de la inversión privada que, en su visión, nos llevará a crecer 4% en 2025.
Aunque la mayoría de especialistas coincide en que se trata de una aspiración demasiado optimista, hay que destacar que desde el MEF se están dando una serie de anuncios que, aunque no nos lleven al esperado 4%, sin duda tendrán un impacto positivo en el crecimiento de este y los próximos años.
Uno particularmente relevante ha sido el anuncio de renovación de ciertas concesiones, que gatillarán inversiones muy significativas. Así, Salardi ha asegurado que antes del 28 de julio se firmarán adendas de renovación que darán lugar a nuevas inversiones por más de US$4,000 millones. Específicamente, ha hecho referencia a la concesión del puerto de Matarani en Arequipa (US$600 millones), la concesión de distribución de gas natural de Lima (US$460 millones), la concesión de transporte de gas natural de Camisea (US$2,000 millones) y la concesión de los aeropuertos de Arequipa, Juliaca, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho (US$1,300 millones).
La suscripción de estas adendas antes de Fiestas Patrias sería un logro formidable considerando la paquidérmica velocidad a la que se suele mover el Estado. Pero, además de la relevancia de estos proyectos por su volumen de inversiones, revisten también una significancia particular por tratarse de las primeras experiencias de renovación de concesiones en Perú.
Cabe recordar que nuestro país inició su camino con las concesiones a fines del siglo XX y las otorgó por plazos de alrededor de 30 años, por lo que el vencimiento de algunas de estas se acerca.
Ante ello, el Estado tiene dos opciones: dar las concesiones por concluidas y convocar a una licitación para seleccionar a un nuevo operador o, alternativamente, suscribir una adenda de renovación con el titular actual. Lo que corresponde al Estado, por supuesto, es buscar la alternativa que sirva mejor al interés público.
A la luz de los anuncios realizados por el ministro Salardi, parece claro que el Gobierno está decantándose por el camino de las renovaciones. Y, aunque no faltarán quienes puedan tener reparos ante esta opción, lo cierto es que presenta una serie de ventajas.
La primera tiene que ver con evitar lo que algunos llaman “década perdida”. Este término hace alusión al atraso en la ejecución de inversiones que se produce cuando se decide re licitar una concesión en lugar de renovarla. Este atraso aplica tanto para el final de un periodo concesional como para el inicio del siguiente. Ello porque ningún titular estará dispuesto a ejecutar inversiones en los últimos años de su concesión si no tiene la certeza de que podrá rentabilizarlas. Y, de otro lado, porque un nuevo concesionario tendrá un periodo inicial de “instalación”, que también ralentizará la implementación de nuevas inversiones.
La segunda es que la mejor manera de evaluar la capacidad técnica, financiera y de cumplimiento de un concesionario es haberlo visto en acción durante años. Y, aunque se podría juzgar a un potencial nuevo operador por su experiencia en otros contextos, ello no proveerá una información igualmente reveladora. Este argumento, por supuesto, implica también que los concesionarios que se han desempeñado pobremente no debieran ser seleccionados para una renovación.
Un tercer elemento es que un proceso de renovación no implica en absoluto una decisión ‘a dedo’, pues, tal como dispone la normativa, toda propuesta de adenda debe pasar por un riguroso proceso de evaluación en el que participa no solo el sector concedente (MTC, Minem o el que corresponda), sino también el MEF, Proinversión, el regulador competente, la Contraloría General de la República, entre otros. La finalidad de este proceso es, precisamente, determinar la conveniencia de una renovación versus una nueva licitación.
Es preciso destacar que una adenda de continuidad no implica que las condiciones de la concesión se mantengan. Todo proceso de renovación presenta una oportunidad para que el Estado pueda exigir nuevas y mejores condiciones, y el privado aporte para perfeccionar el contrato sobre la base de la experiencia acumulada a través de los años.
Que estas nuevas inversiones sirvan para retomar la senda de crecimiento e inclusión social que hace años dejamos de lado.