Hay tragedias que conmueven al país y otras no tanto. No necesariamente por la gravedad del hecho, sino por dónde ocurren y a quiénes afectan. Lo sucedido el 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica —cinco personas muertas tras una intervención del Ejército contra un vehículo civil— debería haber generado mayor indignación y una exigencia inmediata de responsabilidades. No lo ha hecho, pero aún se está a tiempo de exigir justicia y acompañar el dolor de las familias.
Huancavelica no es cualquier lugar. Es una de las regiones más golpeadas por la pobreza y una de las más azotadas durante la época del terrorismo. Sin embargo, también es una de las más fácilmente estigmatizadas y olvidadas. Si un hecho como este hubiese ocurrido en un distrito de Lima con mayor poder económico y mediático, la presión política y la cobertura habrían sido distintas.
Cuando se conoció el caso, la primera versión oficial lo presentó como un operativo antidroga. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, afirmó que los militares actuaron en defensa propia, luego de que la camioneta intervenida abriera fuego. Se informó, además, que uno de los abatidos era un ciudadano colombiano en situación irregular y con antecedentes por tráfico de armas. Sin embargo, no se incautó droga ni armamento.
El expediente fiscal, revelado por el medio digital La Contra, abre más dudas que certezas. Según la versión de los militares, a las 4:00 a.m. se ordenó a la camioneta detenerse, esta no obedeció y respondió con disparos. La fiscal llegó recién a las 6:00 a.m., dos horas durante las cuales los militares tuvieron control total de la escena. En ese lapso, además, dos sobrevivientes fueron trasladados a un centro de salud. Un tercer sobreviviente, Ricardo Acuña, apareció entre los matorrales cuando la fiscal ya se encontraba en el lugar.
Su testimonio no ha aclarado lo ocurrido. A las 7:35 a.m. del mismo día, declaró que transportaba mochilas con droga junto a su primo, que dejaron el paquete en otro punto y luego abordaron la camioneta en la que fueron atacados. A las 11:00 a.m., ante la Fiscalía Penal, dio otra versión: que se dedicaba al cultivo de hoja de coca, que había sido contratado para trasladar 13 kilos de droga en ladrillos, que dejó el cargamento en Pucacolpa (Huanta) y que luego tomó una camioneta hacia Colcabamba con otros mochileros, donde a las 4:00 a.m. escuchó disparos que impactaron el vehículo. No menciona ninguna advertencia de los militares. Ambos testimonios fueron brindados sin presencia de un abogado.
En una tercera declaración, negó haber transportado droga y sostuvo que sus versiones previas fueron dadas bajo presión. Luego, ante medios, afirmó que fue amenazado por los militares para declarar que llevaba droga.
El expediente también recoge la declaración de Luis Montenegro, a cargo del operativo, quien señala que no se encontraron drogas ni armamento. En otra acta, sin embargo, se consigna el hallazgo de municiones, sin que se precise la hora. La falta de consistencia atraviesa todo el caso.
Hay, además, un problema más profundo en cómo se construyen estas primeras versiones oficiales. No es casual presentar rápidamente a las víctimas como posibles narcotraficantes o destacar la nacionalidad de uno de ellos. Instala una sospecha que atenúa la indignación y abre la puerta a justificar lo injustificable.
Este caso no puede diluirse. No es solo un operativo fallido, sino una tragedia que expone fallas graves, posibles abusos y una narrativa oficial que contribuye a confundir. Lo que está en juego aquí no es solo el control político, sino la posibilidad de una investigación rigurosa e independiente que determine responsabilidades en un operativo que terminó con cinco civiles muertos y múltiples disparos contra un vehículo.