La enorme cantidad de iniciativas legislativas populistas que el Congreso ha aprobado y que el Poder Ejecutivo ha promulgado durante los últimos años, está generando un estrés fiscal intertemporal que eleva el gasto, reduce el ingreso y aumenta la deuda, afectando significativamente la disponibilidad del espacio fiscal para que el nuevo gobierno implemente las políticas públicas que, en el marco de la campaña electoral, se vienen proponiendo a la ciudadanía.
Resulta imprescindible que el nuevo gobierno emprenda una profunda reestructuración del gasto público para optimizar la operación del Estado y reconstruir paulatinamente el espacio fiscal intertemporal. Además, los nuevos integrantes del Congreso deberán revalorar su verdadera función y limitar iniciativas que solo aumentan el gasto sin ningún incremento en la productividad, como bonificaciones al personal y ampliaciones de pensiones, cuyo crecimiento desmedido compromete las finanzas públicas e hipoteca el futuro de todos los peruanos.
Hoy en día, hay muchos gastos absurdos e inútiles que no generan valor público para la ciudadanía. Se gastan miles de millones de soles en consultorías que no generan ningún resultado ni beneficio concreto a la ciudadanía; en contrataciones de decenas de miles de locadores mediante contratos menores de 8 UIT que hacen tareas administrativas, producto de una proliferación de trámites absurdos y la aplicación de controles internos institucionales ineficaces, o en los miles de millones de soles que se pierden anualmente por corrupción e inconducta funcional, entre otros.
Es claro que hay un serio deterioro de los controles institucionales tanto internos como externos. En lugar de iniciativas populistas, se debiera impulsar seriamente la transformación digital y el uso profundo de la IA en la administración pública. Hay que lograr un Estado más pequeño y eficiente, y a la vez más fuerte y presente en la vida de los ciudadanos.
Ciertamente, hay que empezar por eliminar proyectos, programas, fusionar instituciones, que siguen existiendo sin sentido, que se justifican como de fortalecimiento institucional, y que son claramente improductivos, pues siguen vigentes hace años sin ningún resultado palpable; algunos de estos son producto de préstamos con la banca internacional y lo que hacen es financiar el pago de consultores, la generación de comisiones de compromisos y la creación de unidades administrativas que poco o nada ayudan en la mejora de la prestación de servicios al ciudadano y terminan generando perjuicios económicos al Estado.
En línea con ello, también es necesario repensar el gasto público, no solo desde la perspectiva de lo que cuesta la asignación presupuestaria, sino de lo que vale lo que produce. Ello implica una reforma fundamental en uno de los sistemas administrativos que conforman la administración financiera estatal: la Contabilidad.
Los equipos técnicos económicos debieran valorar que es imperativo migrar hacia una contabilidad de base devengada, en la cual las entidades públicas no solo apliquen plenamente las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), sino que integren el sistema de contabilidad como fuente de información para la toma de decisiones presupuestarias y fiscales, que impulse mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en la administración.
Jesús Capcha, especialista en esta materia, resalta que el modelo con base en el devengo contable no solo mide los compromisos y derechos económicos exigibles (visión patrimonial y financiera), sino que es mejor en comparación con el modelo basado en lo percibido, que mide la liquidez y el movimiento del dinero (visión de caja). El modelo de devengo contable no solo informa sobre flujos de recursos, sino también sobre todos los activos y pasivos de la situación financiera, el costo total de bienes y servicios; por tanto, proporciona información prospectiva sobre el potencial de servicios del Estado, que es esencial para la toma de decisiones. Por lo que, en un escenario de riesgos asociados al clima fiscal, con mayor razón se requiere reconfigurar la gestión de las finanzas públicas.
Para el próximo Gobierno y Congreso, debiera ser una prioridad la adoptación de medidas de reestructuración del gasto y del aparato público. De ello dependerá que se pueda compatibilizar la atención de las crecientes demandas ciudadanas respetando los principios de prudencia y responsabilidad fiscal que, conjuntamente con la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva, han sido los pilares de la conformación de los sólidos fundamentos macroeconómicos que aún nos permiten absorber satisfactoriamente los shocks externos e internos.