Mientras discutimos sobre inseguridad ciudadana y contamos homicidios por día, otra cifra pasa casi desapercibida: más de 110 peruanos mueren cada día por cáncer. No genera alarma inmediata ni titulares urgentes, pero basta mirar alrededor para notar que casi todos tenemos un nombre de una persona asociada a esa enfermedad.
Esta semana, el Observatorio de la Fundación Peruana de Cáncer informó que 40,830 peruanos fallecieron por esta enfermedad en 2025. Son más de 10,000 muertes adicionales frente a 2019. Esta cifra debería sacudir cualquier agenda pública mínimamente responsable, ya que es la principal causa de muerte en el país y de una tendencia que no cede.
Uno de los problemas más evidentes es el diagnóstico tardío. Cuando el cáncer se detecta tarde, las posibilidades de sobrevivir bajan considerablemente. Según datos del Ministerio de Salud, el 56% de los casos se detectan en fases avanzadas. En cáncer de próstata, el 75% de pacientes recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya está en su última etapa. Se llega tarde y en oncología esto cuesta vidas.
A ello se suma la centralización de servicios especializados en Lima. La falta de oncólogos en regiones y la concentración de infraestructura compleja en la capital reproducen una brecha geográfica que condena a quienes viven en zonas rurales o en regiones con menor presupuesto sanitario a diagnósticos más tardíos y tratamientos más inciertos. Sin embargo, el problema no termina en el diagnóstico.
En los primeros meses de 2026, pacientes y familiares denunciaron desabastecimiento de medicamentos oncológicos en hospitales públicos. En el Hospital Guillermo Almenara, de Essalud, se reportó la falta de fármacos esenciales para quimioterapias y terapias hormonales, además de equipos diagnósticos inoperativos como tomógrafos. Las familias hablaban de semanas esperando medicamentos necesarios para continuar tratamientos ya iniciados. En oncología, una semana no es un trámite administrativo: puede significar que la enfermedad avance.
A esto se suma un episodio aún más grave. Una investigación de Salud con Lupa publicada en febrero de este año reveló que el Estado destruyó más de 140,000 medicamentos oncológicos por presentar fallas de calidad. Estos fueron comprados por el Ministerio de Salud entre 2019 y 2025 a cinco laboratorios de India. El resultado fue evidente: menos medicamentos disponibles y tratamientos postergados. En varios centros, quimioterapias ya programadas tuvieron que retrasarse. No es solo una pérdida de dinero público. Es una falla en las compras, en el control sanitario y en la supervisión. Y quienes pagan el costo son los pacientes.
Estas fallas no son hechos aislados. Se insertan en un sistema de salud fragmentado, con brechas de financiamiento, recursos humanos insuficientes y una gestión logística deficiente. El Perú cuenta con un Plan Nacional Multisectorial contra el Cáncer 2025–2030 que propone prevención, detección temprana y control integral. El problema no es la ausencia de documentos estratégicos, sino la debilidad en su implementación.
Si el cáncer es hoy la principal causa de muerte en el país, eso debería mover prioridades políticas y presupuestales. No basta con reaccionar cuando hay escándalo. No basta con anunciar planes. Se trata de decidir si la atención oncológica digna es realmente una prioridad nacional o solo una preocupación que aparece cuando los números se vuelven demasiado grandes para ignorarlos.
Detrás de cada cifra hay una historia. Y casi todos, en algún momento, hemos conocido una de cerca.