Hace unos días Rocío Leandro Melgar, conocida como ‘camarada Cusi’, salió de la cárcel luego de que se venciera el plazo de su prisión preventiva, una muestra más de la preocupante ineficiencia de nuestro sistema de justicia.
A esta persona —militante del Movadef— se le procesa por su participación en las marchas más violentas en la región Ayacucho, que llevaron a la toma del aeropuerto y a un final trágico con 10 personas fallecidas. Ahora podrá seguir sus audiencias en libertad y en libertad también estará para volver, si le place, a las prácticas y prédicas políticas de extrema izquierda en la zona.
El caso, conviene reseñarlo, es llevado por la fiscal Sheyda Vargas Franco de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Los fiscales presentaron una acusación por delito de terrorismo ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside Leodán Cristobal Ayala. Era el de ella, pues, un expediente de temer, y aun así a los letrados se les escapó la tortuga en sus narices por su propia ineptitud.
Ni bien le abrieron las puertas de la prisión, Rocío Leandro Melgar se trasladó a Huamanga para reincorporarse al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa). De hecho, ella presidía el Fredepa cuando se desencadenaron los lamentables sucesos de sangre en Ayacucho en diciembre de 2022. Y fue, liderando ese colectivo, que organizó una serie de protestas por la reposición del golpista Pedro Castillo, para que estas lograran sus objetivos desestabilizadores.
La ‘camarada Cusi’ no es ninguna improvisada. Estuvo presa antes por su participación en atentados terroristas durante los años 80 y 90 como integrante de Sendero Luminoso, según los archivos de la Dircote. Uno de esos operativos criminales, según la Policía, fue el asesinato de Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP). El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación consigna el testimonio de un senderista, que señala a alias ‘Cusi’ como una de las fanáticas que organizó el crimen perpetrado contra este reconocido líder sindical, a quien la subversión percibía como enemigo.
Con estos antecedentes, resulta inaudita la lenidad de los magistrados. Hasta parece un dejà vu de los primeros años de lucha contra el terrorismo, en el siglo pasado, cuando los jueces dejaban libres a criminales extremistas que no tardaban en reincidir con mayor vesania y costo de víctimas. ¿Están esperando acaso que la historia se repita para ponerse las pilas?