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Bicameralidad: beneficios, costos y retos institucionales

"Confiemos en que el retorno a la bicameralidad del Congreso no sea solo un cambio organizacional, sino el inicio de una transformación estructural profunda”.

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(Midjourney/Perú21)
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Fecha actualización:
11/05/2025 - 07:05
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Durante gran parte de nuestra vida democrática, el Perú contó con un Congreso bicameral inspirado en sistemas parlamentarios como el español o el estadounidense, concebido para equilibrar el poder y asegurar una revisión legislativa más rigurosa, así como una reflexión política más profunda. Recordemos que dicho esquema fue reemplazado en la Constitución Política del Perú de 1993, que instauró un Poder Legislativo unicameral compuesto por 130 congresistas, alegándose la necesidad de acelerar el proceso legislativo, reducir costos operativos y disminuir la supuesta burocracia.

Han transcurrido ya más de tres décadas y las próximas elecciones generales marcarán el retorno a un Congreso bicameral, conformado por 130 diputados y 60 senadores; desde ya este regreso ha generado opiniones divididas, tanto a favor como en contra. Y si bien en el referéndum de 2018 la ciudadanía se pronunció en contra de la bicameralidad, el actual Congreso de la República aprobó en 2024 la reforma constitucional que restablece la estructura bicameral con una Cámara Alta (senadores) y una Cámara Baja (diputados).

Con un nivel de confianza que no supera el 5%, según el último estudio del INEI, el actual Congreso justifica esta reforma argumentando que permitirá una mejor fiscalización y una mayor calidad en la elaboración de leyes, además de fortalecer el equilibrio de poderes. Sin embargo, lo cierto es que, en la última década, aunque con contadas excepciones, sus representantes no han hecho más que contribuir a deslegitimar la noble función que corresponde a este primer poder del Estado.  

Confiemos en que el retorno a la bicameralidad del Congreso no sea solo un cambio organizacional, sino el inicio de una transformación estructural profunda que revierta la crítica situación institucional en la que hoy nos encontramos. Y que esta reforma honre las bases argumentativas que la sustentan; que el retorno a la bicameralidad sea el inicio de una transformación que eleve la calidad legislativa, garantice mayor coherencia y consenso, represente mejor los intereses regionales, fortalezca los frenos y contrapesos, y contribuya, sobre todo, a la tan necesaria estabilidad institucional del país.

Lo que sí debemos tener claro es que dicho cambio organizacional implicará una inversión significativa para todos los peruanos y no estará exenta de costos. El presupuesto anual del Congreso para el año 2025 supera los 1,413 millones de soles y deberá incrementarse en varias decenas de millones de soles para cubrir los gastos asociados a 60 nuevos legisladores, así como al aparato burocrático y administrativo que los acompañará.

La gran interrogante es si estos mayores gastos —y el tiempo adicional que demandará la tramitación de leyes— serán compensados por los beneficios que justifican el retorno a la bicameralidad. Esto cobra especial relevancia en un país donde la pobreza monetaria alcanza el 27.6% y hay profundas necesidades por atender en salud, educación, seguridad e infraestructura.

Desde ya, la racionalidad del gasto público pareciera estar ausente del radar de quienes ya iniciaron la implementación de esta medida. Prueba de ello es la reciente y cuestionada autorización para la adquisición de un nuevo edificio, valorizado en 13.5 millones de dólares, que albergará a este sistema parlamentario.  

Más allá de las decenas de millones de soles que tendremos que invertir para fortalecer la institucionalidad del Congreso y nuestra democracia, el verdadero impacto de esta reforma dependerá de las cualidades y competencias de quienes elijamos para representarnos. Por eso, la responsabilidad recae tanto en los electores como en la clase política, que es la que define la oferta electoral. Solo si ambas cámaras están integradas en su gran mayoría por representantes íntegros y comprometidos con el bien común, la bicameralidad podrá contribuir efectivamente a la gobernabilidad, el desarrollo territorial y la estabilidad política, fortaleciendo así la alicaída confianza ciudadana en nuestro sistema democrático, y cualquier gasto será visto como una inversión digna de comprometer.  

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