La reciente visita del ministro del Interior, José Zapata, al distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) no ha logrado calmar la angustia de los trabajadores de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa).
Aunque el titular del Mininter acudió al patio de maniobras de la popular 'Línea 10-E' para supervisar los sistemas de monitoreo y coordinar acciones contra la criminalidad, los choferes sostienen que la presencia de las autoridades se queda solo en gestos simbólicos mientras los ataques continúan.
Renzo Reggiardo denunció la exclusión de un millón de electores y exigió una auditoría urgente a la ONPE por irregularidades en el proceso. "No permitiremos que se vulneren los derechos de los ciudadanos", sentenció.
A pesar de que la compañía ha reforzado su flota con GPS y cámaras de videovigilancia en 22 de sus unidades, el personal operativo manifiesta su sentimiento de desprotección.
Uno de los conductores confesó a RPP que vive debido a la inseguridad, con una hija pequeña y el temor constante a un atentado, su esposa le ha suplicado que abandone el oficio para salvaguardar su vida, argumentando que las visitas ministeriales en otros distritos no han evitado nuevos episodios de violencia.
Los transportistas apunta a la falta de efectividad en el sector. Según denuncian, el resguardo policial en las vías de San Juan de Lurigancho es casi inexistente, señalando que pueden pasar largos periodos de tiempo sin divisar una patrulla en las rutas donde son más vulnerables. "Todo queda en palabras", sentenció uno de los trabajadores.
Ante este escenario, los integrantes de la empresa han convocado a una asamblea este domingo. En dicha reunión, evaluarán los pasos a seguir y analizarán la situación de riesgo que enfrenta el sector, el cual sigue siendo blanco de extorsiones y ataques que ponen en jaque el servicio de transporte público.
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