La investigación sobre la muerte del marino Jaime Nieto Rojas, integrante de la seguridad del ministro de Defensa, entra en una etapa decisiva. Lucía Bedón Herrera, de 53 años, conductora de la camioneta involucrada en el siniestro, continúa bajo custodia policial mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente.
El Estado busca profesionalizar a más de 50 mil trabajadores y garantizar la seguridad alimentaria en las calles.
Tras ser llevada inicialmente a la comisaría de Apolo, Bedón Herrera fue trasladada a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en La Victoria.
Según fuentes policiales, la detenida ha sido sometida a una serie de exámenes de rigor obligatorios por ley: dosaje etílico, examen toxicológico para descartar el consumo de sustancias, reconocimiento médico legista, peritaje técnico a los dos vehículos involucrados. Además, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el impacto paso a paso.
Un cumpleaños que terminó en luto
El trágico suceso ocurrió el mediodía del jueves 26 de marzo en la cuadra tres de la avenida Nicolás Arriola. Nieto Rojas, técnico de primera de la Marina de Guerra, se encontraba abriendo paso al vehículo oficial del ministro Carlos Díaz cuando fue embestido por el vehículo de Bedón Herrera.
El impacto fue tan violento que el agente salió proyectado aproximadamente 30 metros de su unidad.
Aunque transeúntes intentaron auxiliarlo y fue evacuado de emergencia al Hospital de la Fuerza Aérea, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento al llegar.
"Mi esposo decidió ir a trabajar a pesar de que hoy era su cumpleaños", declaró entre lágrimas Luz Navarro, viuda del marino, a RPP.
Tanto la Marina de Guerra como el Ministerio de Defensa (Mindef) han manifestado su total disposición para colaborar con la Policía Nacional en el esclarecimiento del caso. A través de un comunicado, el Mindef extendió sus condolencias a la familia, lamentando la pérdida de un efectivo en estricto cumplimiento de su deber.
Las autoridades tienen un plazo de 48 horas para determinar la situación legal de la conductora, mientras se esperan los resultados de los peritajes de velocidad y el análisis de la trayectoria de ambos vehículos.
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