El senador electo de Fuerza Popular Miki Torres ha usado expresiones erróneas para describir lo que fue el final del gobierno de Pedro Castillo, cuando se trató de una gestión que en el año y medio que duró, entre 2021 y 2022, cavó su destino con probados actos de corrupción.
Asimismo, un 45% de los que votaron por el congresista candidato dicen que el "aporte del etnocacerista al país sería positivo".
“Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya. Y, claro, por supuesto, no hay que quitarle el mérito, él también puso su granito de arena”, declaró Miguel Torres en Willax el último miércoles.
Sus palabras están siendo aprovechadas por la facción castillista para victimizar a su líder, hoy en el penal de Barbadillo, e instalar una narrativa en la que un principiante e inocente profesor chotano fue presa de una conspiración. Nada más falso.
Coimas y golpe de Estado
Pedro Castillo asestó un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 luego de que Salatiel Marrufo, entonces asesor del Ministerio de Vivienda, reveló ante el Congreso que el ahora expresidente recibía coimas en Palacio de Gobierno.
El dinero, confesó, provenía de los pagos ilícitos que hacía la empresaria Sada Goray, quien llegó a soltar casi S/5 millones para conseguir proyectos inmobiliarios en el sector.
El encargado de entregar los fajos de billetes al jefe de Estado, de acuerdo con Marrufo, era el mismo ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
“Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le daban 50,000 soles mensuales para que mantenga en el puesto a Geiner Alvarado”, expresó.
El exfuncionario también contó que, en una oportunidad, Castillo Terrones acudió a la oficina de Alvarado y allí el exasesor entregó “personalmente” 100,000 soles al exmandatario.
La detallada confesión, que fue transmitida en vivo, provocó que Castillo, a los minutos, anunciara el cierre del Congreso y la toma de la Fiscalía. Pero no lo consiguió porque las Fuerzas Armadas y la Policía no acataron esa anticonstitucional decisión.
La intentona golpista de 2022 terminó en la detención del exgobernante y en su posterior condena, en 2025, de 11 años de prisión por el delito de rebelión.
No obstante, al exmandatario se le procesaba ya por otros cuatro casos que hasta hoy siguen activos.
La casa de Sarratea y los US$20,000
El primero de ellos detonó en noviembre de 2021. El periodista Eduardo Quispe —en ese entonces en América TV y hoy en Perú21— destapó las visitas clandestinas que recibía Castillo en la casa de su amigo Alejandro Sánchez, en el pasaje Sarratea en Breña.
Así, se descubrió a la lobista Karelim López, quien según el Ministerio Público, logró con sus influencias que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) adjudicara la millonaria construcción del puente Tarata, en la región San Martín, al consorcio que integraba la empresa Termirex.
El titular del MTC era Juan Silva, amigo del profesor chotano, quien tras verse comprometido en tan irregular concesión de la obra huyó y hasta ahora permanece prófugo.
Solo días después de conocerse que Sarratea era una oficina paralela, un equipo de fiscales encontró US$20,000 en el despacho del secretario presidencial Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno.
Ese dinero, de acuerdo con las investigaciones, gatilló otro escándalo que apuntaba al pago de coimas para ascensos en la Policía Nacional.
Las evidencias mostraron que coroneles PNP pagaban hasta US$40,000 para convertirse en generales.
El desembolso se hacía en efectivo y era recolectado por los escoltas presidenciales, quienes lo entregaban a su jefe Castillo, según la tesis fiscal.
Otro detonante fue el direccionamiento de obras de saneamiento desde la cartera de Vivienda hacia Cajamarca y Amazonas.
Yenifer Paredes, la cuñada de Castillo, apareció en un video asegurando a comuneros cajamarquinos que se les instalaría agua y desagüe mientras vestía un chaleco de la empresa JJM Espino y estaba al lado del dueño, Hugo Espino.
Esa compañía, posteriormente, se adjudicó un proyecto en la región y ello no hubiera sucedido si la orden no viniera desde el Ejecutivo.
El presupuesto ministerial para esos proyectos, además, era manejado por el ‘buró político’ castillista, que encabezaba Alejandro Sánchez e integraba el alcalde del municipio cajamarquino de Anguía, José Nenil Medina.
El último proceso que afronta Castillo es por su aparente influencia en Petroperú para que la empresa estatal compre barriles de biodiésel por US$74 millones a la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO).
La buena pro se otorgó a HPO luego de que el propietario, Samir Abudayeh, se reuniera en octubre de 2021 con Castillo Terrones.
Y en todo ese periodo de gestión castillista hubo tres pedidos de vacancia presentados por distintas bancadas.
La primera solicitud fue presentada en noviembre de 2021 por la legisladora Patricia Chirinos, que integraba la bancada de Avanza País por esa época.
La segunda fue interpuesta en marzo de 2022 por Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Ambas no consiguieron los votos suficientes para proceder.
Y la tercera, la que sirvió para vacar finalmente al expresidente, fue impulsada por el no agrupado Edward Málaga en diciembre de ese año.
El propósito del golpe de Estado era traerse abajo todas esas investigaciones y que Pedro Castillo, junto a su entorno, saliera impune.
Aunque ese ahora es el propósito del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien sin reconocer los actos de corrupción del golpista propone indultarlo para que viva libre y sin pagar sus delitos.