En medio de las presiones que existen en el Ministerio de Justicia para sacar adelante el indulto del golpista expresidente Pedro Castillo antes de que culmine el gobierno de José María Balcázar, hay otras movidas que están pasando desapercibidas y que implican a la empresa Odebrecht.
El mandatario prácticamente ha conminado a Luis Jiménez a evaluar informe de grupo de trabajo de la ONU que favorece al golpista pese a que no tiene validez legal ni es vinculante.
El pasado 23 de junio, el ministro de esa cartera, Luis Jiménez, cambió repentinamente a la jefa de la Unidad Funcional (UF), Karla Saavedra, quien ocupaba el puesto desde 2019, para ubicar en su lugar al abogado Delmer Pino.
La UF es una instancia creada en 2018 por la Ley N.° 30737 para garantizar el cobro de la reparación civil a empresas sentenciadas o investigadas por corrupción. Odebrecht, ahora llamada Novonor, es una de ellas.
Cada mes esta oficina actualiza en la página web del Minjus la lista de compañías que, por estar en esa condición, tienen prohibido transferir sus recursos fuera del país. Actualmente, figuran 64 y, de ellas, 38 son personas jurídicas de la constructora brasileña.
Odebrecht tiene vigente un acuerdo de colaboración eficaz al haber reconocido el pago de coimas para adjudicarse las obras Metro de Lima, Interoceánica Sur, Vía Evitamiento Cusco y la Vía Costa Verde Tramo Callao.
Tres empresas de Odebrecht fueron excluidas de la aplicación de la ley.
Por esa confesión, avalada por la jueza María de los Ángeles Álvarez, la firma se comprometió a pagar S/760 millones como indemnización al Perú en cuotas que se vienen acumulando en un fideicomiso.
Ello también le permitió que tres de sus principales personas jurídicas salieran de la mencionada lista. Se trata de Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.
Sin embargo, el acuerdo no eximió a Odebrecht de indagaciones fuera de esos proyectos. Por ejemplo, está incluida en procesos por las obras Gasoducto, la carretera San José de Sisa y el trasvase Olmos.
El retiro de Saavedra a solo semanas de concluir la gestión de Balcázar llama la atención. En los siete años que estuvo al frente de la UF, mantuvo a empresas del grupo Odebrecht dentro de la lista porque incumplían con un requisito fundamental: no estar investigadas.
La sentencia de colaboración eficaz, emitida en 2019, así lo dispone. Sin embargo, la constructora ha requerido salir de la lista invocando la resolución emitida por la magistrada Álvarez.
Decisión ministerial
En su declaración jurada presentada a la Contraloría, Delmer Pino no registró experiencia laboral previa.
En LinkedIn figura que fue asesor de alta dirección en Essalud en 2025 y también en la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.
Cuando Perú21 consultó al ministerio por qué se designó a Pino, respondieron escuetamente que es “funcionario de confianza” del ministro Jiménez.
Karla Saavedra.
Su primera decisión fue ratificar la lista mensual, tal y como lo hacía su predecesora Saavedra.
No obstante, fuentes de este diario indicaron que su rol en este poco tiempo que le queda, antes de que asuma el gobierno de Keiko Fujimori, será excluir a Odebrecht de las prohibiciones para que pueda administrar libremente sus activos.
Eso sí, ese desenlace no es sencillo de generar. Los candados legales impiden que la compañía salga librada a menos que ya no cuente con investigaciones.
Delmer Pino.
En paralelo, la empresa ha apelado la decisión de la UF y espera que sea el mismo ministro Jiménez Borra el que resuelva a su favor el conflicto legal.
Aunque la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión sostuvo que tendrá que encargarse de ello la Secretaría General del ministerio y no el titular de la cartera.
De no aclararse en esta gestión, el caso tendrá que ser visto por la administración fujimorista que asume el 28 de julio.
Fujimori, como se sabe, llegó a ser acusada por la Fiscalía de haber recibido aportes ilegales de campaña por parte de la empresa Odebrecht.
Pero el Tribunal Constitucional mandó al archivo la investigación al concluir que no es delito de lavado de activos no haber declarado el ingreso de ese dinero.
¿Quién se hará cargo de esta papa caliente llamada Odebrecht?
Silvana Carrión: “Si Odebrecht quiere ser excluida, tiene que pagar reparación civil”
La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión tiene un panorama más claro sobre la situación legal de Odebrecht. En esta entrevista hace precisiones sobre los pendientes que tiene la empresa.
¿Puede Odebrecht salir de la lista que le impide retirar sus activos fuera del Perú?
Lo que dice la sentencia de colaboración eficaz, emitida en 2019, es que la empresa puede ser excluida de la Ley N.° 30737 siempre que cumpla con los dos requisitos: que constituya el fideicomiso para el pago de la reparación civil, cosa que ya sucedió, y que no tenga investigaciones vigentes. Esto último es lo que no se cumple.
¿Qué investigaciones tiene pendientes Odebrecht?
Hasta que yo salí de la Procuraduría estaban los casos Gasoducto, la carretera San José de Sisa, Interoceánica Norte y el proyecto Olmos. Están comprendidos la empresa y sus funcionarios.
¿Por qué solo tres empresas del grupo Odebrecht están excluidas de la aplicación de la ley?
Porque esas tres se sometieron al acuerdo de colaboración eficaz. Son Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.
¿Puede el ministro de Justicia decidir si la compañía brasileña es excluida de la lista?
Si la Unidad Funcional ya resolvió en primera instancia, la apelación debería verla la Secretaría General del Ministerio de Justicia porque es orgánicamente superior.
En conclusión, ¿cómo podría Odebrecht ser excluida de la ley?
Tiene que brindar garantías para pagar la reparación civil por las investigaciones que están fuera de la sentencia de colaboración eficaz. Mientras la reparación civil está garantizada o pagada, entonces las empresas no tendrían que estar en la ley.
¿Cómo el Estado cobra la reparación civil?
El Ministerio de Justicia interviene supervisando las ventas de los activos de la empresa Odebrecht, porque casualmente el producto de esa venta tiene que ir al fideicomiso. Pero si la empresa paga la reparación civil de los otros proyectos que aún están en fase de investigación y llega a un acuerdo con la Procuraduría en este momento y con el Estado, y paga la reparación civil, entonces no tendría sentido que ella tenga ningún tipo de medidas restrictivas.
Tenga en cuenta
-Odebrecht tiene el 25% de acciones de Rutas de Lima, la empresa que administra los peajes de acceso a la ciudad de Lima.
-Rutas de Lima se encuentra en liquidación luego de que la justicia suspendiera el cobro de peajes. Sin embargo, existe una medida de inhibición sobre la compañía que impide la transferencia de activos.