Si bien el dueño de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, prácticamente perdió toda posibilidad de ocupar un escaño en la próxima Cámara de Diputados, se encuentra a un paso de concretar su participación en la segunda vuelta presidencial, en donde se enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
Un análisis de su carrera parlamentaria, entre proyectos de ley controvertidos y posturas que han generado críticas. El líder de JPP contribuyó con su voto a la derogación de una norma que permitía a la Policía incautar explosivos de mineros informales, que terminan en manos de extorsionadores y sicarios.
Ante este escenario, es vital recordar su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que estuvo marcado por diversas polémicas.
En 2021, Sánchez fue elegido legislador por Lima con 29,825 votos, ubicándose por debajo de las más votadas de su partido, Sigrid Bazán e Isabel Cortez. Sin embargo, de inmediato se puso a las órdenes del entonces expresidente Pedro Castillo y fue nombrado ministro en dicho sector, cargo que ocupó por 1 año y 4 meses.
Durante los 17 meses que estuvo al frente del Mincetur, el aún legislador no solo fue un aliado estratégico de Castillo, sino que también acumuló diversas denuncias e investigaciones que a continuación repasaremos.
ENTRADAS A MACHU PICCHU
Si bien toda la problemática que se vive en el Cusco por la escasez y gestión de boletos de ingreso a Machu Picchu alcanzó su clímax entre el 2024 y 2025, tuvo su origen en el 2022, cuando se realizó un paro indefinido en el lugar. No solo se registraron protestas en la plaza principal de Aguas Calientes, sino que hubo bloqueos en la vía férrea y se suspendió por varios días el servicio de trenes.
Esto provocó que cientos de turistas quedaran varados en Machu Picchu pueblo, al no encontrar entradas disponibles para ingresar al sitio arqueológico, así como generó el reclamo de la población local por la falta de previsión de las autoridades.
En agosto de ese año el entonces titular del Mincetur lideró una mesa de diálogo en la zona con las partes en conflicto. Si bien se concretaron varios acuerdos, el principal estaba relacionado con la gestión de boletos para ingresar a la zona arqueológica. Se estableció, por primera vez, que 1,000 entradas diarias se venderían exclusivamente de manera presencial en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo. Esto con la finalidad de dinamizar la economía local al obligar a los turistas a pernoctar en la zona.
En julio del 2022 se realizó un paro en Machu Picchu pueblo y se registraron bloqueos en la vía férrea. Fuente: RPP
Este sistema de venta presencial de entradas posteriormente agudizó el conflicto latente. Y es que diversos gremios turísticos y autoridades criticaron este modelo debido a las largas colas y aglomeraciones que generaba.
"Cuando en el 2022 se aprueba esta medida debido a la presión de ciertos sectores del pueblo de Machu Picchu, se da con una fecha límite, que era el 31 de diciembre de ese año. Esto era algo temporal, pero lamentablemente al tener un Estado débil en ese momento y un sesgo ideológico marcado es que se continúa cediendo a las presiones de la población. Por eso es que se prorroga y hasta este año seguimos sufriendo los efectos de esa medida irregular", indicó a Perú21 el presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carlos Gonzáles.
El empresario recordó que, en el 2024, la Contraloría emitió un informe en el que se alertó que hubo un manejo irregular de esas 1,000 entradas diarias que se vendían físicamente en la zona. Los boletos no eran registrados adecuadamente y, tras hacer un cruce entre los servicios de los buses que subían y bajaban del sitio arqueológico y los boletos que se vendían, se identificó un desbalance en los montos declarados. Según dijo, hubo una afectación al tesoro público de más de S/140 millones.
"Esta medida fue completamente perjudicial porque, en primer lugar, ha sido dada a través de una resolución directoral irregular y, en segundo lugar, por la afectación que ha generado al tesoro público con una venta de boletos de forma desventajosa que, hasta ahora, no ha sido aclarada. No hay culpables y personas sancionadas por este tema", aseveró.
Por su parte, el extitular del Mincetur, Edgar Vásquez, calificó de deslúcida y sombría la gestión de Sánchez al frente de dicho sector. En ese sentido, cuestionó que el líder de JPP haya roto una estructura técnica que existía en los viceministerios y el despacho ministerial para colocar a allegados suyos, que no tenían experiencia en política comercial y turismo.
"Los funcionarios que hacían carrera en el Mincetur se quedaron. La gestión de Sánchez fue bastante deslúcida y sombría, sin ningún resultado concreto que resaltar con evidencia. Lo más destacable de su paso por el sector fue que a pesar de que contrató a un montón de personas que no tenían ninguna experiencia, logró mantener a gran parte de los funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior y de las Direcciones. Fueron ellos los que mantuvieron las líneas correctas", dijo a este diario.
Desde la Cámara Regional de Turismo del Cusco criticaron la venta diaria presencial de 1,000 entradas para ingresar a Machu Picchu por diversos factores, como la aglomeración de turistas. Fuente: RPP.
Tito Alegría, presidente de Proturismo, reconoció que tuvo coincidencias iniciales con Sánchez durante su gestión en Mincetur, sobre todo, en la necesidad de descentralizar la gestión turística; no obstante, lamentó que los indicadores de recuperación no hayan alcanzado las metas proyectadas, por lo que resaltó que hay grandes pendientes de ejecución.
"Si bien los objetivos macroturísticos eran compartidos, la capacidad de ejecución fue sumamente deficiente (...) el error estructural radicó en la gestión técnica de PromPerú. Lejos de incorporar nuevos cuadros especializados y disruptivos, la institución mantuvo un enfoque burocrático tradicional y se designaron funcionarios que no reunían el perfil idóneo. Faltó creatividad técnica para recuperar al turista extranjero", apuntó.
DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
Sánchez también ha estado involucrado en diversas denuncias periodísticas e investigaciones de la Fiscalía. En octubre del 2023, Panorama denunció que el líder de JPP habría hecho un uso irregular de la caja chica del Mincetur para comprar diversos platillos marinos y criollos para él y su familia, así como para lavar sus camisas.
Una de las facturas expuestas por el dominical, de fecha 7 de octubre del 2021, es de la cevichería Punta Sal. El exministro pidió un arroz con mariscos, causa con langostinos, cebiche, chicharrón de pescado, merengado de chirimoya o guanábana y un piqueo turístico individual, por un valor de S/ 475.
Al día siguiente, se registraron tres facturas pagadas por el ministerio en una pollería, por un monto de S/327. Esto, a pesar de que el 8 de octubre es feriado nacional, por lo que no debería haber reuniones de trabajo. También figura el pago de S/38 por el lavado de una camisa.
Al respecto, Sánchez rechazó la denuncia periodística y aseguró que está basada en hechos falsos; sin embargo, el Ministerio Público ya indaga estos hechos.
Roberto Sánchez habría usado la caja chica del Mincetur para comprar diversos platillos marinos y criollos. Foto captura: Panorama.
Otra pesquisa que involucra al actual legislador es el presunto cobro de cupos en el Mincetur. De acuerdo con la disposición fiscal N° 248-2022, es investigado preliminarmente por los presuntos delitos contra la administración pública y negociación incompatible. Fue sindicado de liderar una supuesta red criminal en dicho ministerio que exigía entre el 10% y el 20% del sueldo a trabajadores CAS y locadores de servicios a cambio de la renovación de sus contratos.
Cinco exfuncionarios del Mincetur también se encuentran bajo indagación, tras ser sindicados como intermediarios y presuntos cobradores de estos cupos en favor del exministro.
La Fiscalía también investiga a Sánchez por el presunto delito de obstrucción a la justicia en calidad de autor, a raíz del testimonio de un colaborador eficaz. Este informante declaró que el exministro había acordado entregarle S/8,000 mensuales a la esposa de Bruno Pacheco, Graciela Palomino, para que el exsecretario del despacho presidencial permaneciera en la clandestinidad y no delatara a Pedro Castillo.
Sánchez calificó de "patraña" y "falsa" la declaración de este aspirante a colaborador eficaz, pero se mostró dispuesto a colaborar con las pesquisas. Si bien reconoció que su sector, en octubre del 2021, contrató a Palomino y que se le giró una orden de servicio por tres meses de S/8,000 mensuales, recalcó que no sabía de su parentesco con Pacheco, quien se mantenía prófugo en ese momento. Aseguró que se anuló dicho contrato y que no se le pagó un solo sol.
Un colaborador eficaz declaró que Roberto Sánchez había acordado entregarle S/8,000 mensuales a la esposa de Bruno Pacheco, Graciela Palomino, para que el exsecretario del despacho presidencial permaneciera en la clandestinidad y no delatara a Pedro Castillo. Composición: Perú21
Finalmente, el líder de JPP enfrenta una denuncia constitucional por el presunto delito de negociación incompatible, al direccionar el nombramiento de Daniel Abarca Soto en el cargo de asesor 1 del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, Sánchez habría intervenido como ministro en el proceso de contratación de dicho funcionario, en agosto del 2021, con el propósito de atender un requerimiento expreso del entonces premier, Guido Bellido, quien también fue incluido en la pesquisa.
La denuncia llevaba un año sin ser evaluada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El último jueves, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Lady Camones, anunció que esta semana recién se dará cuenta del documento y, en caso sea admitida a trámite, dijo que la investigación podría demorar entre tres a cuatro meses.
POLÉMICAS CONTRATACIONES
De acuerdo con diversas denuncias periodísticas, Sánchez habría convertido el Mincetur en una agencia de empleos para los militantes de JPP y allegados suyos. Nombró como asesores y consultores a varias personas a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), que es un mecanismo de contratación estatal. En total se habrían gastado cerca de S/2'000,000 en pagos por estas asesorías, según reveló el programa Contracorriente.
Cabe precisar que para ser contratado mediante este mecanismo se requiere una serie de requisitos, entre ellos, tener título profesional, una maestría, experiencia demostrada en el sector, entre otras. No obstante, varias de estas personas no habrían cumplido con estas condiciones.
En esta lista figuran los militantes de JPP Carlos León Sandoval, quien es un ingeniero de computadoras y ha sido sindicado por la PNP como uno de los organizadores y azuzadores de protestas en el norte del país, Walter Flores Choco, abogado y excandidato al Senado, Carlos Zafra Flores, abogado y "brazo legal" de Sánchez, y Wilfredo Barrionuevo Tacunan, sociólogo de profesión.
También destacan los exministros Anahí Durand y Daniel Barragán, quien es virtual senador. Otros allegados a Sánchez que fueron contratados en Mincetur son Ernesto Zunini, quien es actual secretario general de JPP y virtual diputado, y Víctor Sotelo Canales, amigo cercano del exministro que fue designado como jefe de Cenfotur.