Asistir a un concierto en la Costa Verde es exponerse a una tragedia.
No es esta una opinión individual, es la advertencia que desde hace al menos tres años el Estado viene documentando sobre Arena 1 y Costa 21, los recintos ubicados en el circuito de playas de San Miguel, donde cada semana se realizan espectáculos con miles de asistentes.
Lesli Gonzales Cabanillas es la nueva integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluará la excarcelación del golpista. Sus padres, también chotanos, son profesores que trabajan en la misma Unidad de Gestión Educativa Local a la que pertenece el exmandatario.
Solo esta última semana se celebraron cuatro presentaciones: la banda de metal Korn, la famosa banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules, la banda de folk The Lumineers y el concierto del compositor peruano Tony Succar.
“Esas estructuras se podrían caer, como ha ocurrido en otros lugares, por el tipo de suelo”, advirtió el capitán de navío Amílcar Velásquez en entrevista con Perú21. Documentos a los que accedió este diario concluyen que las construcciones de Arena 1 y Costa 21 funcionan ilegalmente, pues fueron levantadas sin los estudios requeridos y el suelo que las sostiene es inestable, según diversos estudios.
Pero la alerta más grave es de evacuación. Solo hay tres salidas peatonales: son puentes que sirven de ingreso y salida de casi 30,000 personas, cifra que alcanza en cada recinto, según mencionan las empresas sobre su aforo. Y son justo esas tres salidas las que, según la Contraloría, están cerca de zonas donde la tierra es más inestable. “Imagínate que se produjera una alerta de tsunami: la gente se desesperaría. Se ocasionaría una tragedia”, aseveró Velásquez.
Los accidentes no son parte de un escenario hipotético. En 2023 hubo una especie de estampida durante un evento que obligó a parte del público a subir por el acantilado. Ese mismo año, una joven que asistió a un concierto en Costa 21 salió por la parte exterior del recinto en busca de servicios higiénicos, llegó hasta la playa oscura, el mar la arrastró y perdió la vida.
El inicio del problema
Todo comenzó en febrero de 2017, cuando —según documentos revisados por Perú21— la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el brazo marítimo de la Marina de Guerra, le concesionó a la Municipalidad de San Miguel una franja de playa equivalente a unas 57 manzanas para construir obras de protección costera: reforzar los acantilados de la Costa Verde y habilitar una nueva vía.
En agosto de 2019 ese permiso fue formalizado y ampliado. La Dicapi otorgó a la municipalidad el derecho de uso sobre 532,226 metros cuadrados de área acuática con la condición de usarlo solo para obra pública, recreativa y de protección costera.
Pero un año antes de este permiso, en agosto de 2018, San Miguel ya había firmado un convenio de “cooperación interinstitucional” con la empresa Arena 1 S.A.C.
A inicios de 2019, con el permiso aún en trámite, llegaron a la Costa Verde 13 contenedores con la estructura metálica de Arena 1 para construir lo que es hoy una gran cúpula en la que se montan conciertos masivos.
Llegó la pandemia y, cuando la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) encuentra la estructura metálica de unos 15 metros de altura levantada sin autorización, le escribió formalmente a la municipalidad para que la retirara.
Pero en octubre de 2020, la municipalidad respondió que las estructuras eran tan especializadas que requerían mano de obra calificada extranjera para desinstalarlas, y la pandemia hacía imposible traerla. En otras palabras: no podían sacarlas.
Y cuando Arena 1, con la estructura ya levantada, solicitó formalmente a la APCV una “certificación previa de adecuación de iniciativa” para su proyecto, que llamó “Veniu Arena 1”, les respondieron que el proyecto era incompatible con el Plan Maestro de la Costa Verde. Los motivos técnicos, según leyó este diario, fueron tres: no cumple con los usos asignados para la zona de recreación pública, bloquea el acceso irrestricto al mar —que la ley exige— y la estructura supera la altura máxima permitida de 10 metros. Arena 1 medía el doble.
En 2021, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima abrió un procedimiento preventivo para evitar delitos contra la administración pública y contra la vida de trabajadores y transeúntes que, tras instar a la municipalidad a cumplir con tramitar todos los permisos pendientes, archivó el caso. Ese mismo año, la APCV fue al Poder Judicial e interpuso una medida cautelar de No Innovar ante el Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, pidiendo la paralización de las obras. Y la Dicapi abrió dos investigaciones sumarias contra la municipalidad por el uso indebido del área acuática.
Hasta que ese año llegó el primer evento en Arena 1: el concierto Barrio Sunset, donde participaron conocidos cantantes urbanos como Lenny Tavárez y ‘Periquito’, integrante del dúo Trebol Clan. Ese concierto quedó documentado como el primer uso indebido formalmente registrado del área autorizada: era comercial, no público y no estaba autorizado, según detallan los informes de Contraloría a los que accedió este diario.
El daño ambiental
Hace ya tres años, la Dicapi canceló definitivamente el derecho de uso del área acuática que había concedido a la municipalidad en 2019 y se le dio a la Municipalidad de San Miguel 30 días hábiles para retirar todas las estructuras.
Pero la municipalidad apeló. El proceso agotó la vía administrativa y el 31 de octubre de 2024 la comuna presentó una demanda judicial de nulidad del acto administrativo ante el Tercer Juzgado Civil de Lima. Este año, según confirmó el capitán Velásquez a Perú21, la resolución de cancelación fue ratificada en la vía judicial. “Ya es inapelable”, dijo.
Los conciertos, sin embargo, no se han detenido en ningún momento. El informe de la Contraloría al que accedió Perú21 es contundente: Arena 1 opera sin autorización vigente, fue declarada incompatible con el Plan Maestro de la Costa Verde, carece de estudios técnicos aprobados por la Autoridad Marítima.
La Municipalidad de San Miguel, por su parte, acumula multas sin pagar por cerca de 110 UIT desde 2019 y enfrenta seis investigaciones ante la Fiscalía de Medio Ambiente por permitir que cientos de camiones arrojen desmonte al mar entre Arena 1 y Costa 21, ganando terreno al litoral de formas que serían irregulares.
De hecho, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) publicó en enero de 2023 un informe técnico que puso sobre la mesa algo que las autoridades municipales no podían desconocer: el terreno donde opera Arena 1 es geológicamente inestable.
Identificaron 30 zonas de derrumbes en el acantilado de San Miguel y 25 escarpes activos con posibilidad de desplazamientos de tierra. El área está construida sobre rellenos de desmonte y residuos sólidos depositados principalmente entre 1990 y 2001, cuando se amplió la planicie costera con los materiales extraídos de obras de la Vía Expresa.
En enero de 2025, el capitán de navío Henyer Díaz Romero, de la Capitanía del Puerto del Callao, presentó una denuncia formal ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de San Miguel.
El OCI concluyó su informe con tres recomendaciones: poner los hallazgos en conocimiento de la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana de la Contraloría General, alertar a la Capitanía del Puerto del Callao para que actúe en el marco de sus competencias e iniciar un servicio de control formal para evaluar la actuación de la municipalidad y la legalidad del convenio con Arena 1.
Perú21 contactó con la Municipalidad de San Miguel para conocer su posición, pero consideraron que requerían información de la Municipalidad de Lima para responder las preguntas enviadas y aseguraron que lo harían a la brevedad.
También se intentó contactar a los representantes legales de Costa 21 y Arena 1, sin respuesta al cierre de esta edición.
Mientras tanto, miles de personas siguen comprando entradas, haciendo filas y bailando en los conciertos, expuestos a lo que las autoridades ya concluyeron que son arenas “movedizas”.