Le llegó la hora. Otro expresidente peruano está a un paso de ser condenado por corrupción. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional decidirá esta mañana desde si Martín Vizcarra es culpable de haber recibido coimas por 2.3 millones de soles de dos empresas constructoras cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua.
Mira aquí la lectura de la sentencia:
Hubo llamadas entre Obrainsa y Vizcarra.
Magistrada señala que se ha registrado un reporte donde figuran llamadas telefónicas entre Obrainsa y la empresa CyM Vizcarra. "En efecto hubo comunicaciones telefónicas entre el acusado Martín Vizcarra y Elard Paul Tejeda", dijo la jueza.
Jueza llama la atención
Durante la lectura de sentencia, la jueza hizo un llamado de atención a los presentes para que no conversen en la sala, dado que interrumpen el desarrollo correcto de la audiencia.
Inicia la lectura de sentencia
El Cuarto Juzgado Penal Colegiado – Corte Superior Nacional inició la audiencia de lectura de sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra. En la sala están presentes el exmandatario junto a su abogado, así como el fiscal Germán Juárez Atoche y el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, entre otros.
Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que presidente José Jerí se refirió a "contexto hipotético".
Martín Vizcarra llega al Poder Judicial
El expresidente Martín Vizcarra arribó a la sede del Poder Judicial, donde escuchará de la lectura de sentencia en su contra por cohecho pasivo propio. La Fiscalía lo acusa de haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.
Pese a que la Fiscalía presentó a lo largo del juicio oral testimonios de colaboradores eficaces y de los propios gerentes de las empresas involucradas, registros de llamadas, correos electrónicos, documentos, facturas y hasta cheques que demostrarían que sí recibió sobornos, el exmandatario reiteró que es inocente y ha asegurado, en medio de la duda fiscal, que estará presente en la lectura de su sentencia. “No voy a defraudar al pueblo, soy un hombre de palabra”, dijo ayer en una entrevista.
Según la tesis fiscal, Vizcarra exigió un 2% del costo de la obra Lomas de Ilo, (aproximadamente S/1’016,212.76), a cambio de facilitar la buena pro a la empresa Obrainsa.
Para ello negoció con Elard Tejeda, exgerente comercial de esta constructora a quien, según el Ministerio Púbico, le pidió que ofertara por debajo de S/81 millones, lo que finalmente sucedió. La entrega de dinero fue confirmada por los directivos de Obrainsa.
Hospital de Moquegua
Por la obra del Hospital de Moquegua, la Fiscalía sostiene que el entonces gobernador regional recibió S/1.3 millones de la constructora ICCGSA. Los sobornos se realizaron mediante pagos concertados con José Manuel Hernández, hombre cercano a Vizcarra y, posteriormente, su exministro.
Al igual que en la otra obra, la coima fue confirmada por ICCGSA en este caso. Incluso, uno de sus directivos, Rafael Granados, aseguró que se hicieron ocho entregas de dinero, en efectivo (en billetes de 100 y 200 soles), algunas de estas en la propia oficina de Vizcarra.
Según el testimonio del empresario aseguró que Vizcarra le hizo un pedido de entregarle S/1 millón 300 mil para que se le apruebe la buena pro, condición que aceptaron para no perder el proyecto. El intercambio de dinero se hizo a través de José Manuel Hernández.
"Le di el monto a Granados y Granados tenía que consulta rcon el consorcio y Granados aceptó, volví a llamar a Vizcarra y este le pidió que quería hablar con Jordan. Fueron tres pagos", indicó como testimonio Hernández.
La Fiscalía ha solicitado que se imponga prisión efectiva de 15 años para Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio (6 años por el proyecto Lomas de Ilo y otros 9 años por el Hospital de Moquegua) e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por nueve años.
Martín Vizcarra podría sumarse hoy a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, expresidentes peruanos sentenciados por corrupción. Los dos últimos actualmente cumplen prisión en el penal de Barbadillo. Para la Fiscalía, el expresidente huele a preso. Depende ahora del Poder Judicial.
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