Demora injustificada. Debido al retraso de dos semanas en el envío de la ley que fiscalizará a las ONG al Ejecutivo para su promulgación, el congresista Alejandro Aguinaga aseguró a Perú21 que confía en que el Legislativo actuará en las próximas horas. Adelantó, además, que si el Ejecutivo presenta observaciones, estas serán subsanadas y la norma se aprobará por insistencia.
El congresista de Honor y Democracia reveló que esta ley, que fortalece a la APCI en sus funciones de control, supervisión y fiscalización de ONGs, fue aprobada el pasado 12 de marzo, pero hasta el momento no ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Aguinaga subrayó la necesidad de que la ley entre en vigor cuanto antes por dos razones clave: primero, para que las 1,700 ONG informen al APCI sobre los proyectos que ejecutan; y segundo, para garantizar una supervisión efectiva que prevenga el desvío de fondos hacia el activismo político, especialmente ahora que falta un año para las elecciones.
"Si el Pleno aprobó la ley, la Mesa Directiva tiene que enviarla. La demora no implica un riesgo de observación por parte del Ejecutivo, sino una omisión. No sabemos si es voluntaria o involuntaria. Me sorprende que aún no se haya remitido. Quiero creer que es solo un rumor, porque es su obligación hacerlo", señaló Aguinaga.
No obstante, expresó su confianza en que el envío se concretará en las próximas horas.
HAY RETRASO
Aguinaga explicó que, una vez remitida al Ejecutivo, este tiene 15 días para promulgarla u observarla. En caso de observaciones, el Congreso evaluará si las admite o no. De hacerlo, serán subsanadas y luego el Pleno aprobará la norma por insistencia. Finalmente, el Congreso promulgará la ley y será publicada en El Peruano.
A partir de ese momento, la ley entrará en vigencia. Según Aguinaga, el APCI deberá tomar dos medidas clave: primero, iniciar la fiscalización de las 1,700 ONG en el país y exigirles que informen sobre los proyectos en ejecución.
Recordó que, antes de esta ley, solo el 10% de las ONG —aproximadamente 170— cumplían con esta obligación, mientras que ahora todas deberán hacerlo.
La segunda medida será, en coordinación con la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), verificar que los fondos recibidos para un proyecto sean utilizados exclusivamente para ese fin, evitando desvíos hacia otras actividades, como el activismo o la interferencia política, especialmente en un contexto preelectoral. ¿Por qué? Porque estamos a un año de las elecciones presidenciales y congresales.
Esta es el texto sustitutorio de la ley aprobada en el Pleno hace dos semanas.
LEY DE ONG
El pasado 12 de este mes, se recuerda, el Pleno aprobó el texto sustitutorio de la ley que establece un nuevo marco de fiscalización para las ONG.
Como se recuerda, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto —coautor del proyecto de ley junto con Aguinaga—, confirmó esta mañana a Perú21 que hasta el miércoles la norma aprobada en el Pleno aún no había sido remitida al Ejecutivo.
Su reclamo fue respaldado por la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular.
Según la ley, la supervisión de estas organizaciones estará a cargo ahora de una nueva oficina dentro de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que deja sin efecto la propuesta original de crear una intendencia independiente.
Una oficina de Sunat supervisará las donaciones del extranjero, y podrían perder personería jurídica.
El dictamen de ley, aprobado por 82 votos y exonerado de segunda votación, establece que esta unidad de la Sunat trabajará en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar las donaciones extranjeras que reciben las ONG.
Además, se especifica que la oficina operará con un presupuesto dispuesto por las instituciones encargadas, lo que significa que no se necesitarán fondos adicionales ni se generará un gasto extra para el Estado.
Con 82 votos a favor se aprobó la ley que fiscaliza a las ONG.
PODRÁN DISOLVER ONG
En caso de detectarse desvío de fondos, las ONG podrán enfrentar sanciones que van desde responsabilidad civil o penal; multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) conforme a la escala de sanciones aprobada por la APCI; suspensión temporal de los beneficios derivados de su inscripción en registros oficiales y, en casos de reincidencia en faltas muy graves; la cancelación definitiva de su inscripción.
Como medida extrema, la ley contempla la posibilidad de que un juez ordene la disolución de la ONG, sin perjuicio de otras acciones o sanciones que puedan aplicarse.
COMISIÓN INVESTIGADORA DE USAID
De otro lado, el congresista Aguinaga señaló que en el primer Pleno de abril tendrá que darse cuenta la moción de conformación de una comisión investigadora de los aportes de USAID, presentada por el legislador Alejandro Muñante.
Después, tendrá que ser sometida a votación en el Pleno.
SABÍA QUE
-Las ONG ya no se aprovecharán de los pobres con esta ley, aseguraron los autores del proyecto de ley Alejandro Aguinaga y José Cueto.
-Hubo intento de boicot de la congresista Susel Paredes al pedir que la ley vuelva a comisión.
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