Quizás la más grande bomba de tiempo que le iba a dejar este gobierno saliente a la administración entrante era el indulto al expresidente Pedro Castillo. Afortunadamente, el explosivo fue desactivado. Al menos temporalmente.
Porque contrariamente a los castillistas agazapados que enarbolan la bandera de la reconciliación, la liberación de Pedro Castillo, lejos de apagar las cenizas, iba a volver a encender las calles.
NI LEGAL NI POLÍTICO
Los juristas se han encargado de explicar exhaustivamente que no existe ningún sustento legal para un indulto o una gracia presidencial. Los argumentos giran en torno a que Castillo no tiene una condena firme ni dos tercios de la sentencia cumplidos. Y claramente tampoco se trata de un caso de salud terminal. Los constitucionalistas coinciden en que la capacidad de otorgar indultos es un rezago del pasado y que debería ser regulado constitucionalmente a futuro, y no solo a nivel de la legislación del Ministerio de Justicia.
De forma análoga, los políticos han demostrado que no hay mucho capital político en indultar a Castillo. Contrariamente a lo que se piensa, el capital político solo es un activo si quien lo endosa está dispuesto a cederlo. Y no parece ser el caso. Por intentar despolarizar y contentar a ambos extremos, la presidenta podría terminar peleándose con la izquierda y la derecha, como ocurrió con PPK y el indulto a Alberto Fujimori.
Hasta antes de las elecciones discutir el indulto parecía un pedido medianamente razonable para reivindicar a un porcentaje de la población que cree en la victimización del expresidente. Pero el crecimiento electoral de Roberto Sánchez evidenció que el castillismo no estaba dispuesto a conformarse con la liberación de su líder. Y al ver las encuestas, el mismo Pedro Castillo se encargó de enviar ese mensaje. Fuentes de JPP (Juntos por el Perú) confirman que Castillo quiere su sombrero de vuelta. Y que ahora pretende ser presidente del país y no un refugiado más en México. En su entorno político ha trascendido una certeza: el primero que no quería liberarlo era Roberto Sánchez, quien usufructuaba con su prenda. Y hoy por hoy, el propio Jorge Nieto, quien parece dispuesto a calzarse el sombrero, sería el primer interesado en aprovechar políticamente a la víctima presidencial tras las rejas. Y por eso pide su liberación en público, sabiendo que eso no sucederá.
INDULTOS Y AMNISTÍAS
Castillo apela a la memoria colectiva nacional. Durante la primera mitad del siglo XX, un buen porcentaje de los políticos peruanos estuvieron presos por razones políticas disfrazadas de casos judiciales. Sin sentencias ni juicios justos, miles de apristas y comunistas fueron apresados e inhabilitados para la vida política por décadas. Y esa prisión injusta supo galvanizar a los fieles de Huamantanga y victimizar a los políticos que luego candidatearon a un cargo público. Haya de la Torre, Jorge del Prado, Hugo Blanco, Genaro Ledesma y una larguísima lista de presos políticos que pasaron de la prisión a una curul en el Parlamento. La izquierda actual se aprovecha de ese legado, a pesar de que los tiempos han cambiado. Ya no se viven gobiernos dictatoriales ni militares. Y la participación política es amplia y plural. Sin embargo, la narrativa victimista persiste gracias a figuras como Antauro Humala y, sobre todo, Pedro Castillo. Pero hay que decirlo con todas sus letras: mientras Haya se enfrentó a dictaduras reclamando elecciones libres, Antauro y Castillo pretendieron imponer golpes y dictaduras a regímenes democráticos. Es exactamente al revés. Y por eso la victimización no tiene sentido.
Pero así como las prisiones políticas no son iguales, los indultos tampoco lo son. Hay una gran diferencia entre el pedido de Castillo y la amnistía que promulgó Manuel Prado durante su discurso presidencial del 28 de julio de 1956. La ley de Prado anuló un abusivo decreto ley de seguridad interior, extinguió juicios y penas por causas político-sociales, devolvió la libertad a ciudadanos perseguidos, acabó con el acoso a los opositores del régimen, y permitió la liberación de presos políticos del régimen anterior. Esto incluyó a civiles y militares. Una ley sin nombre propio, masiva y con un acuerdo explícito de convivencia política. En esa línea, Haya se comprometió a apoyar a Prado. Y aunque Fernando Belaunde y la izquierda lo criticaron duramente —”Tanto cantar 'La Marsellesa' para terminar cenando en Versalles”, habría dicho el líder de Acción Popular—, lo cierto es que era la única reconciliación posible. Y el propio FBT había rechazado cualquier ofrecimiento de pax a los apristas.
A todas luces, la liberación de Castillo, que el fujimorismo no ha terminado de descartar a futuro, tendría un cariz distinto. Mucho dependerá, en los años venideros, del comportamiento de la bancada del sombrero y de cómo se maneje la calle frente al naciente gobierno naranja.
CONSECUENTE Y CONSECUENCIAS
Contrafácticamente hablando, el indulto a Pedro Castillo pudo haber terminado como el que el presidente Rafael Caldera le dio a Hugo Chávez en 1994. Aunque fue técnicamente un sobreseimiento de la causa y no un indulto, la excarcelación de Chávez tras su fallido golpe de Estado de 1992 desencadenó su futura llegada al poder. En su momento, Caldera defendió la decisión como un acto político de pacificación y reconciliación nacional para calmar la crisis institucional.
Al quedar libre y sin cargos pendientes, Chávez recuperó sus derechos civiles y militares, lo que facilitó su carrera proselitista. Cuatro años después de su liberación, ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 y asumió el poder en febrero de 1999. Trágicamente, el resto es historia.
Pero las razones para oponerse a la liberación de Pedro Castillo no solo tienen que ver con las consecuencias de esa gracia presidencial. También están íntimamente relacionadas con la consecuencia de la propia presidenta electa.
Si a Keiko Fujimori se le pide un respeto escrupuloso de la democracia, mal haría la presidenta en liberar a alguien que la ha violentado. Porque si justamente el pasado autoritario del viejo fujimorismo echa la sombra de una duda sobre las credenciales y el comportamiento del nuevo fujimorismo entrante, ¿qué sentido tendría burlarse de la democracia indultando precisamente a quien intentó copiar al padre, incluso plagiando su discurso ante la televisión nacional? Irónicamente, quienes piden el indulto de Castillo son los castillistas de clóset. Y muchos de ellos defendieron el golpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando el ‘Chino’, que había llegado al poder con la izquierda, aún tenía rezagos zurdos en su gabinete.
Visto en perspectiva, ¿qué mejor manera de tomar distancia del golpismo de Alberto Fujimori que tomando distancia del golpismo de Pedro Castillo? Consecuencia política se le llama.