Tanto se llena la boca el Gobierno con los indicadores macroeconómicos, como si fueran producto de su gestión. En realidad, se trata del manejo responsable que ha tenido el Banco Central de Reserva durante este nuevo milenio, que asumió una responsabilidad y disciplina estoica en el manejo de la política monetaria y cambiaria del país. Y, lo más importante, durante todos estos años los gobiernos de turno han respetado la independencia y los fueros del BCR, sin ninguna intromisión política, cumpliendo estrictamente lo establecido en la Constitución que ha permitido la fortaleza de nuestra moneda y los resultados macroeconómicos.
En contraposición, este Congreso, acostumbrado a meternos modificaciones estructurales en materia electoral, judicial e incluso económica, hoy no se ha quedado atrás, porque de contrabando nos quieren imponer una reforma tributaria con consecuencias graves en los fondos públicos que requiere el país. Acaban de aprobar una ley, que supuestamente incentiva una mayor contribución al presupuesto municipal que reciben a través del Foncomun.
Esta nueva ley establece una disminución en el IGV, el impuesto general a las ventas, con lo cual el Estado peruano dejará de percibir un aproximado de 10,000 millones de soles—más de 1% del PBI—, esto es una bomba de tiempo para el próximo gobierno porque les dejará un forado fiscal y estará obligado a desatender necesidades básicas del país.
Para empezar, el IGV es un impuesto indirecto y es un impuesto de naturaleza regresiva que pagamos todos, y genera un ingreso al Estado cuando recién se cobra al consumidor final. Por reglas tributarias elementales, se sabe que, si se quiere mejorar la recaudación fiscal y optimizar su procedimiento, se tienen que abordar los impuestos directos, como el impuesto a la renta. Pero, ¿qué van a saber de gestión tributaria y manejo fiscal del país la sarta de ignorantes que tenemos hoy en el Congreso?
Una vez más, a través de una norma transitoria, de contrabando, nos meten tremenda modificación, y lo hacen con el aval del Gobierno; por eso este despropósito de ley va a ser refrendada por Dina Boluarte y la estará promulgando en los próximos días, ni lo duden. Como se sabe el IGV es el 18%, pero en realidad la tasa no es 18%, porque se aplica un 16% al IGV y un 2% al Impuesto de la Promoción Municipal. A partir de 2026 el IGV solo será del 14% y supuestamente el IPM se va a incrementar progresivamente de 2% a 4%, sin ningún sustento técnico y menos una opinión especializada de la Sunat. Tenemos que hacer algo ante tanta ignominia.