Ahora que va a asumir el poder Keiko Fujimori, al Tribunal Constitucional no se le ocurrió mejor idea que volver a sus fueros y desautorizar al Congreso para que deje de tener iniciativa de gasto. El TC legalizó una ilegalidad con esta decisión; basta ver cómo se ha violado el artículo 79 de la Constitución, que prohibía a los congresistas tener iniciativa de gasto. En otras circunstancias, esto hubiera significado la inmediata destitución del TC.
El actual TC, compuesto por una repartija de poder del Congreso, lo primero que hizo fue darle “el agradecimiento” a este Parlamento al avalar que desde el Congreso pudieran tener iniciativa de gasto. Una decisión controversial que nos ha llevado a cargar el gasto público por cada una de las iniciativas irracionales de los congresistas y convirtió al Parlamento en un gran bonetón que repartía dinero a diestra y siniestra. Esto fue alertado en su momento por el propio Consejo Fiscal, que exigía que se cumpla la ley y se limite la discrecionalidad con la que han actuado los congresistas en este quinquenio.
Con esta distorsión para asignar bonos a doquier, promovieron exoneraciones fiscales y generaron hasta un forado en las cuentas fiscales mientras se daban la gran vida en este periodo congresal. Estas acciones eran ilegales porque contravenían la propia Constitución, pero al TC le valió madre y les permitió todo este despilfarro.
El escándalo es inmenso porque se envía un pésimo mensaje al país, en medio de la polarización política que estamos viviendo, cuando más bien se requieren gestos políticos que generen confianza y credibilidad en el fujimorismo antes de que asuma el poder. Sin embargo, están haciendo todo lo contrario, porque justamente ahora “el TC tiene memoria y actúa con responsabilidad” para que devuelva a su estado natural la prerrogativa de gasto que siempre ha tenido el Ejecutivo.
¿Qué mensaje le da al país este tipo de actitudes del TC? Sobre este pesa la denuncia de que ha sido copado por el fujimorismo y que durante estos años ha actuado en pared, incluso para intervenir en un proceso judicial en marcha, como la investigación por el caso Cocteles. Ahora parecería actuar direccionado por intereses subrepticios. Por tanto, la primera tarea del Senado sería censurar a este TC.