Ayer la presidenta electa recibió sus credenciales. Mis felicitaciones. Sin embargo, el verdadero desafío empieza ahora: demostrar que las reformas del Estado dejarán de escribirse desde un escritorio para construirse con quienes deberán vivirlas.
La reciente propuesta de modificación del reglamento de Pronabec reabre un debate necesario. Más allá de su contenido técnico, la pregunta es otra: ¿seguiremos elaborando normas para la academia y la juventud de arriba hacia abajo? El Perú cambió. Los jóvenes también.
La historia deja lecciones. La denominada “Ley Pulpín” buscó impulsar el empleo juvenil, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de desconexión entre el Estado y sus destinatarios. La ausencia de diálogo permitió que la desinformación y los sectores radicales capitalizaran el descontento. Una reforma puede ser técnicamente correcta y, aun así, fracasar por falta de legitimidad social.
Hace pocos días estuve en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Frente a un cambio de reglamento, los estudiantes realizaron una toma pacífica. Como exdirigente estudiantil participé en el diálogo y comprobé que, cuando las autoridades explican, escuchan e incorporan propuestas, la confrontación cede paso a los acuerdos.
La universidad no existe solo para otorgar títulos. Su fin es generar conocimiento, investigación e innovación al servicio de la sociedad. Excluir a la juventud del diseño de las políticas públicas significa desaprovechar el mayor activo del país.
Más del 40% de los peruanos tiene menos de 30 años. Gobernar ya no puede partir del error de creer que el Perú se mueve únicamente por dos cuerdas: el Estado y la empresa. Falta una tercera: la juventud organizada desde la academia. Las reformas no solo deben ser técnicamente correctas; también deben ser socialmente construidas. Allí puede comenzar una nueva luna de miel entre la política y quienes construirán el Perú del mañana.