No puede quedar impune la decisión del Tribunal Constitucional que permitía tener iniciativa de gasto a los congresistas, que además contravenía lo establecido en la propia Constitución y que ha generado un forado en el presupuesto público de más de 109 mil millones de soles, casi un 10% del PBI, durante todos estos años que el Congreso ha estado festinando los recursos públicos; esto es una evidente infracción constitucional que tiene que ser sancionada con todo el peso de la ley.
Se han burlado de la propia Constitución, a sabiendas de que los magistrados del TC son los celosos guardianes de la constitucionalidad de las leyes y, por supuesto, de hacer respetar la Constitución. Esto no les importó y nos han llevado a esta situación de irresponsabilidad, que hoy que enmiendan su propia plana, no les exime de la falta; al contrario, los pone en evidencia porque se ve el cariz que tienen estas decisiones, que estarían orientadas a beneficiar al grupo político que está en el poder.
Si el fujimorismo dominaba el Congreso, ahí el TC les facilitó esta ilegalidad para disponer de los recursos públicos y ahora que tienen el poder Ejecutivo y van a ser gobierno, curiosamente le quitan al Congreso la prerrogativa que ilegalmente le habían otorgado, para que sea ahora el Ejecutivo el que disponga y decida sobre el destino de los recursos públicos, que por cierto son escasos, pero que según el TC se manejan a discrecionalidad, dependiente de quién ostente el poder.
Ahora, en estricto sensu, la infracción constitucional que habría cometido este TC sería causal inmediata de una denuncia constitucional para destituir a estos magistrados, por prevaricato. Inmediatamente asuman el mando los senadores, deberían actuar de oficio y sancionar a los magistrados del TC.
No puede quedar impune semejante falta constitucional, que, se ha demostrado, se ha hecho por puro interés político, con un sometimiento servil del TC a los designios del actual Congreso.
El Consejo Fiscal lo ha alertado en su momento con las 16 leyes aprobadas para dilapidar recursos públicos escasos que tiene el país, que contravenían inclusive las leyes de control fiscal, como la Ley de Equilibrio Financiero, que justamente aprueba el Congreso cada año junto a la Ley de Presupuesto, para que sean responsables con el gasto público. Pero a este TC le valió madre y permitieron este despropósito.