Un componente central de la Administración Financiera Gubernamental es la gestión de la tesorería en cada uno de sus procesos principales de gestión de ingresos, de liquidez y de pagos. Y para su adecuada operación se ha constituido la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), que consolida los fondos públicos en una sola cuenta bancaria a nombre de la Dirección General del Tesoro Público en el Banco Central de Reserva del Perú. Esta cuenta, legalmente, es inembargable y a través de ella se centralizan los flujos de ingresos financieros y se procesan los pagos de las obligaciones de las entidades del sector público, independientemente de la fuente que financie la ejecución del presupuesto público.
Que el Estado tenga en una sola cuenta bancaria concentrados los fondos públicos y que permita registrar cada una de las transacciones de ingresos y egresos y sus saldos, no solo posibilita su seguimiento y toma de decisiones oportuna; también garantiza la total trazabilidad en la gestión del recurso y una efectiva gestión de la liquidez. En consecuencia, financieramente hablando, este es un modelo bueno y seguro, alineado con las mejores prácticas internacionales sobre la materia.
El manejo centralizado de la totalidad de los flujos de ingresos y egresos financieros en la CUT —independientemente de su origen, fuente de financiamiento o entidad titular de los mismos— significa también la disminución de costos administrativos y riesgos que se ven acentuados en la medida que persista la práctica tradicional de depositar y mantener fondos públicos en una multiplicidad de cuentas bancarias separadas a nombre de las entidades, atendiendo únicamente a necesidades de información de saldos y movimientos, que suele obtenerse a destiempo y, muy probablemente, sin la certeza de haberse cumplido con la indispensable conciliación bancaria.
En contra de este modelo, algunas entidades públicas aducen que con la CUT pierden flexibilidad y que el “MEF ahora controla sus recursos”; olvidando que estos recursos no son suyos, sino de todos los peruanos. Lo cierto es que el Ministerio de Economía y Finanzas siempre va a controlar el tamaño de los recursos presupuestarios que se pueden usar, pues a través de la Programación de Compromisos Anual fija el límite global de la ejecución del gasto en el marco de su mandato legal y constitucional. No obstante, el que haya multiplicidad de cuentas bancarias de las entidades públicas con fondos estatales obliga al Estado a endeudarse a corto plazo, pagando intereses, cuando hay recursos ociosos —las entidades no siempre tienen la capacidad de gastar sus propios recursos—, lo cual genera una pérdida económica que se debiera evitar.
Esta práctica debiera ser optimizada con mecanismos y fuentes de información para la programación financiera, y así aprovechar las economías de escala y alcance de una gestión centralizada de la liquidez, sin perder agilidad ni flexibilidad en la asignación y ejecución del gasto.
Es más, se debieran implementar mecanismos más ágiles en la gestión de compras menores en un entorno digital como en el que ya nos movemos, como por ejemplo: establecer una tarjeta de crédito con una línea revolvente mensual (que seguramente será distinta dependiendo del tamaño del presupuesto de bienes y servicios de la entidad, y obviamente con todas las medidas de seguridad y responsabilidad aplicables) con cargo al presupuesto institucional para que el jefe de la Oficina General de Administración de la entidad, o quien haga sus veces, compre a través de la web y las redes sociales, como ya lo hacen hoy en día la mayoría de ciudadanos en nuestro país. ¿Se imaginan cuánta burocracia evitaríamos y cuántos recursos nos ahorraríamos con esta mejora?
Con el fin de consolidar la gestión de la CUT, como sostiene Juan Safra, experto en estos temas, es necesario incorporar progresivamente el uso de medios de pago digitales de las personas hacia el Estado, y del Estado hacia las personas, pues los gobiernos pueden ahorrar dinero principalmente en dos formas: 1) minimizando los costos de oportunidad (es decir, maximizando el interés en los fondos disponibles y para ello la gestión centralizada de la liquidez es crucial) y 2) reduciendo costos operacionales (y para ello el uso de mecanismos digitales, como las billeteras digitales que ya operan en nuestro medio, resulta fundamental).
Estas y otras medidas son parte de las reformas institucionales que el nuevo gobierno debiera implementar urgentemente para mejorar la administración de recursos públicos a través de la transformación de los sistemas administrativos, incluyendo el de Tesorería; contribuyendo, así, a aumentar la eficiencia de la operación estatal y a generar mayor valor público para los ciudadanos y ciudadanas.